Frente a la permanente violación de derechos humanos en Nicaragua, en febrero, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de su nacionalidad como nicaragüenses a 317 personas y confiscó sus bienes, entre ellos, 60 mujeres.
Activistas y defensoras de derechos humanos califican esta medida como un crimen de lesa humanidad que dejó secuelas en las familias.
«Esta es una medida que ha dejado absorto al mundo entero, porque como ya se ha dicho múltiples ocasiones, solo recuerda los tiempos del fascismo, del nazismo», opinó la defensora de derechos humanos Haydée Castillo, una de las mujeres afectadas con esta medida.
La defensora de derechos humanos explica que la medida es un «tipo de violencia política» que viene del Estado.
«Su único propósito es asegurarse de romper todo el tejido de resistencia que los nicaragüenses hemos venido construyendo en la búsqueda de lograr una ruta democrática, libertades plenas, la libertad de los derechos humanos en Nicaragua y la ausencia de dictaduras», agregó Castillo.
Impacto psicológico en las familias
Castillo, expuso que «todos los análisis conducen a que hay un impacto desproporcionado» en las personas apátridas.
«En primer lugar porque nos empuja a una discriminación estructural en el sentido de que el impacto no es solo para una de las personas que fuimos desnacionalizadas, sino que también el impacto es para nuestros hijos e hijas, para nuestros cónyuges, la familia extensa, para la comunidad y de alguna manera para el autoestima colectiva como país», explicó Castillo.
Asimismo afirma que «hay un impacto psicológico porque esto conduce a que en algunas ocasiones te conciban como invisible, como extranjeros para siempre, como marginados», añadió Castillo.
«Es sentirte realmente de que te han quitado un derecho, que nadie tiene es potestad, y que prácticamente es un abuso de poder porque todos tenemos derecho a una nacionalidad del lugar en donde hemos nacido y es un derecho del ser humano».
Este impacto psicológico, según Castillo, se extiende en el caso tanto de las mujeres como hombres afectados con esta medida.
«Te crea un sentimiento de culpa, porque vos decís, yo asumí una responsabilidad con la patria, yo me involucré, yo estoy luchando por las justicias, por las libertades, pero queramos o no estas consecuencias se pasan llevando los derechos de nuestros hijos, hijas , cónyuges, padres, hermanos».
Haydée Castillo denuncia que son crímenes de lesa humanidad
El 9 de febrero de 2023, el régimen excarceló a 222 presos políticos y los desterró a Estados Unidos, incluidas 33 mujeres, entre ellas, defensoras de derechos humanos, activistas, feministas, políticas, exaspirantes presidenciales, exdiputadas, campesinas, docentes, estudiantes y mujeres que luchaban por la libertad de sus familiares encarcelados y esposas e hijas de perseguidos políticos.
Seis días después, el 15 de febrero, el régimen a través de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) emitió una sentencia contra 94 nicaragüenses, entre ellas otras 26 mujeres, a los que declaró apátridas y despojó de sus derechos ciudadanos.
También se ordenó la confiscación de sus bienes y declaró prófugos de la justicia. Castillo forma parte de esta lista.
Recientemente, esa misma instancia ordenó la confiscación de los bienes de todos los 222 expresos políticos desterrados.
A esta lista también se sumó, la doctora Anely Pérez Molina, integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), detenida el 21 de marzo y luego desterrada a Estados Unidos.
Una activista nicaragüense, que prefiere hablar bajo anonimato por su seguridad, refiere que todas estas acciones del régimen constituyen crímenes de lesa humanidad.
«Recordemos que desde un inicio todo estos procedimientos, actos son ilegales, desde los secuestros, acusaciones falsas; con pruebas fabricadas por la policía y la Fiscalía en audiencias secretas, sin las mínimas garantías; sin acceso a sus abogados; una serie de abusos que terminaron con el destierro y declaración de apátridas, violentando los derechos humanos de todos ellos», mencionó la activista.
Muerte Civil
Castillo coincide y cataloga estas acciones como «un crimen de lesa humanidad, porque es algo que tiene un impacto que se extiende en el tiempo y está dirigido completamente a la población que no comulga políticamente con el régimen».
Para la feminista, el objetivo del régimen es «mantener el estado de terror, incluso aunque estas personas (apátridas) se hayan exiliado, hayan sido desterradas. Lo que les están diciendo es que si siguen denunciando, hablando, estén en dónde estén, igual sus familiares, sus propiedades, sus empresas están en total riesgo».
Por otro lado, Castillo denunció que esta medida, también afecta el derecho a la educación, al acceso a la salud, a la movilidad, al empleo y a la seguridad.
«Entonces conlleva a una serie de violaciones, una cadena de violaciones en tus derechos económicos y sociales, sobre todo en lo que es el empleo, la salud, el acceso a la educación. También hemos sido despojados de nuestros derechos civiles y políticos; no tenemos derecho a a votar ni a hacer elegidos, ni a vivir dentro del país que te corresponde», denunció.
