Grupo Venancia denuncia «robo» de sus instalaciones

Agentes policiales, antimotines, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y civiles se tomaron por la fuerza las instalaciones del Grupo Venancia la mañana de este miércoles, denunció la organización feminista, cuya personalidad jurídica fue cancelada a finales de junio de 2022.

Según la denuncia pública que hizo la organización en su cuenta de Facebook, los agentes llegaron a las 9:30 de la mañana a las oficinas ubicadas en el barrio Guanuca, de Matagalpa, donde operaron por más de 30 años.

«El despojo de nuestro inmueble es un paso arbitrario más tras la ilegal cancelación de nuestra personería jurídica, porque ya sabemos que las leyes son papel mojado en este país. Esta es otra muestra de la violencia estatal en contra de nuestros derechos”, denunció el Grupo Venancia.

Venancia, un espacio de protección para víctimas de violencia

El Grupo Venancia, una organización con una reconocida trayectoria, trabajaba principalmente con mujeres rurales.

«Las instalaciones de grupo Venancia han sido durante todos estos años una casa abierta para la reflexión feminista y el empoderamiento personal y colectivo de mujeres de todas las edades, principalmente de las zonas rurales de diversos departamentos del norte de Nicaragua. También ha sido un espacio para la sanación de las heridas que deja la violencia atendiendo a mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes, y una tarima para promover la cultura, el artey el activimos en esta ciudad», indica la publicación.

• Además: Condenan a 37 años de cárcel a pastor evangélico que violó a su hija

«Durante estos dos años nuestra casa también ha sido un espacio de denuncia y acuerpamiento para la comunidad LGBTQ+», agregaron.

La organización catalogó dicha acción como «un robo» y no confiscación porque esta última no cumple con los procedimientos legales. «Nos despojan del local, pero no de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en toda su extensión, ni del ideal de una Nicaragua con justicia, libertad y democracia, donde trabajar por el bien común y defender derechos no sea un delito», concluye la denuncia.