Un total de 21 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este 3 de abril una prórroga de dos años para que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés) siga investigando la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejercida desde el año 2018.
La votación renovó la resolución 49/3 del Consejo, de marzo de 2022, manteniendo los mandatos del GHREN y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), encargados de documentar los graves abusos cometidos por las autoridades a todos los niveles en el país.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un mecanismo de supervisión y en su informe de marzo pasado determinó que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano.
La resolución se aprobó con 21 votos a favor, 5 en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea y Vietnam) y 21 abstenciones. Durante el debate previo a la votación, una gran mayoría de países expresaron su firme apoyo a la resolución y su preocupación por la crisis de Nicaragua.
Argentina, Bélgica, Chile, Costa Rica, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Alemania, Ucrania, Rumanía, Montenegro, Lituania, México, Sudáfrica, Marruecos, Malawi, Estados Unidos, Paraguay y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte están entre los países que apoyaron la consecución del mandato.
En su informe, el Grupo de Expertos concluyó que en Nicaragua se cometieron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas contra personas opositoras, además que, señalan como responsables a Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también tiene identificados a otros implicados en la cadena de mando.
La ampliación del mandato del Grupo de Expertos fue impulsada por las delegaciones de Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
Esta nueva resolución amplía el alcance del trabajo del GHREN para investigar la violencia y los abusos contra las comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes de Nicaragua, las personas despojadas de su nacionalidad y los actos de violencia sexual y de género.
El Colectivo 46/2, una coalición de organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses e internacionales, en una conferencia de prensa que ofreció posterior a la votación celebró la ampliación del mandato del Grupo de Expertos sobre Nicaragua.
Alexandra Salazar, integrante de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) señaló que la resolución abre la oportunidad de seguir profundizando en los hechos cometidos en Nicaragua.
«Estos dos años nos permite seguir documentando lo que sigue sucediendo sobre todo en un país en que todavía seguimos viviendo en represión y que no hemos logrado salir de el régimen dictatorial en el cuál está sometido nuestro país», dijo Salazar.
Por su parte, Amaru Ruiz de Fundación del Río, expresó que la ampliación del mandato establece nuevas categorías de investigación alrededor de la situación de vulneración de los derechos humanos en Nicaragua.
«Se muestra preocupación sobre todo alrededor de los asesinatos, desplazamiento y conflictos que sucede en la Costa Caribe de Nicaragua», señaló Ruiz.
Mientras que, Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, destacó que la resolución se da en un «contexto donde el Estado no ha dado señales de cesar con la represión».
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