El Gobierno de España ofreció nacionalizar a los 222 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterraron de Nicaragua este 9 de febrero de 2023.
«El Gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados, ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararles apátridas», anunció este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en el medio Servimedia.
El canciller explicó que el ofrecimiento está ya «en vigor» y que «el trámite que se utilizará es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza, para evitar que queden apátridas», y agregó que «es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo».
El régimen de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a Estados Unidos a un grupo de 222 presos político, entre ellos tres ciudadanos franceses, uno con nacionalidad estadounidense y cinco sacerdotes, periodistas y activistas que llevaban más de un año en la cárcel.
Todos ellos, mediante sentencia del Tribunal de Apelaciones fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular y fueron despojados de la nacionalidad, declarándolos apátridas contra lo establecido en la Constitución Política.
La Unión Europea se declaró «abierta al diálogo político» con el régimen tras la «liberación» y «deportación» de los 222 presos políticos de Nicaragua, incluidos tres ciudadanos europeos.
«La Unión Europea ha pedido constantemente, por todos los medios a su alcance, su liberación. Aunque no deberían haber pasado ni un solo día en prisión, la Unión Europea expresa hoy su satisfacción y alivio”, indicó este viernes el portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Peter Stano.
Para la Unión Europea la excarcelación de los presos políticos «es un paso positivo y largamente esperado que debe ir seguido de diálogo y de nuevas acciones».
Stano indicó que el diálogo «debe darse a través de los canales diplomáticos adecuados, y llevado a cabo de manera respetuosa».
Asimismo acogió con satisfacción el papel de la administración de los EE. UU. a la hora de facilitar el viaje seguro y la entrada en los Estados Unidos de los expresos y rechazó la decisión de despojarlos de su ciudadanía nicaragüense y de sus derechos civiles y políticos”, lo cual constituye “una violación de sus derechos fundamentales y del derecho internacional”, sostuvo el portavoz.
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