El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, de pie en la Asamblea Nacional antes de hablar para conmemorar el aniversario de su tercer año en el cargo en San Salvador, El Salvador, el 1 de junio de 2012.
SAN SALVADOR —Un juzgado salvadoreño envió el miércoles a juicio y ordenó la captura del expresidente Mauricio Funes, por su supuesta participación en la tregua entre las pandillas con las que su gobierno buscó disminuir el índice de homicidios en el país centroamericano.
“Finaliza la audiencia preliminar y se ordena que Mauricio Funes enfrente juicio por pactar con pandillas”, informó en su cuenta oficial de Twitter el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, tras declarar al expresidente en rebeldía y emitir una orden de captura en su contra.
Funes, que gobernó El Salvador de 2009 a 2014, salió del país en 2016 y nunca se ha presentado a los procesos judiciales. Será juzgado en ausencia por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, algo que avalan recientes reformas al Código Penal y Procesal Penal.
En este juicio también está siendo procesado el exministro de la Defensa Nacional, el general en retiro David Munguía Payes, y la Fiscalía confirmó que se aceptó la petición para que sea procesado por agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Munguía Payés guarda prisión desde diciembre de 2021.
Munguía Payes también ejerció de ministro de Justicia y Seguridad Pública de Funes y mantuvo esos cargos en el siguiente gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambas administraciones del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La Fiscalía asegura que Munguía Payes fue quien montó y estructuró la tregua de las pandillas y que el expresidente Funes se enteró de que en ese proceso hubo violación de las leyes, pero no hizo nada para detenerlo, sino que por contrario lo avaló.
Según la acusación, la tregua con las pandillas fue una política de Estado que inició en 2011, cuando Funes gobernó movió a Munguía Payés del Ministerio de la Defensa Nacional al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que dirige la policía. Una resolución de la Corte Suprema de Justicia posterior sentenció que un militar no podía dirigir esa dependencia del Estado y regresó a su cargo anterior en Defensa.
La Fiscalía asegura que Funes flexibilizó la seguridad en los centros penales. Los cabecillas de estos grupos dejaron la cárcel de máxima seguridad y fueron enviados donde estaban recluidos sus compañeros. Dirigían desde allí operaciones criminales, permitiendo el fortalecimiento de las pandillas, bajo la máxima de que esa política flexible ayudaría a bajar el índice de homicidios.
En agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. En su sentencia declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de esos grupos.
Aunque el caso no tiene reserva, la audiencia se desarrolló a puerta cerrada y no se permitió el ingreso de los periodistas para escuchar los argumentos de la Fiscalía en la audiencia preliminar.
La audiencia se realizó sin la presencia del exmandatario que ha estado ausente en todo los procesos penales y civiles en su contra. Las recientes reformas al Código Penal y Procesal Penal, permiten reabrir casos de personas declaradas rebeldes, juzgar en ausencia y la asignación de un abogado defensor de oficio.
Funes también es requerido por la justicia salvadoreña para ser procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y por presuntamente haber participado en una red de corrupción que desvió 351 millones de dólares de las arcas del Estado, entre otros casos que se le acumulan.
Funes, de 63 años, así como su pareja Ada Mitchell Guzmán y sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, se encuentran en Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega les concedió asilo político en septiembre de 2016. Después, en julio de 2019, le otorgó la nacionalidad nicaragüense lo que impide que sea extraditado.
En 2017, cuando Funes ya estaba en Nicaragua, un tribunal lo condenó en un juicio civil por enriquecimiento ilícito, le ordenó devolver al Estado 409.145 dólares y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por diez años.
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