GHREN envió 12 comunicaciones a las autoridades de Nicaragua para investigar violaciones de derechos humanos

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), confirmó este lunes ante pleno del Consejo de las Naciones Unidas, que en Nicaragua se cometieron y se siguen cometiendo «crímenes de lesa humanidad verificados».

Jan-Michael Simon, presidente del Ghren, aseguró que en ese periodo enviaron al menos 12 comunicaciones solicitando autorización para ingresar al país centroamericano y hacer las investigaciones en el terreno, pero no se contó con la colaboración de las autoridades.

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«Hemos enviado 12 comunicaciones solicitando la realización de visita al país, abrir canales de comunicación y diálogo; hemos solicitado datos oficiales e información sobre los casos y no hemos recibido ninguna respuesta a estas comunicaciones. Lamentamos profundamente que esta haya sido la ruta escogida por el Gobierno», dijo Simon.

El informe del Ghren evidencia los hallazgos con respecto a las graves violaciones y abusos de los derechos humanos perpetrados en Nicaragua durante el contexto de las protestas civiles de 2018, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país.

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«Hemos concluido que las violaciones investigadas y documentadas se cometieron como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, la cual tiene su origen en el Estado», afirmó Simon.

Explicó que se trata de una «política organizada de manera intencional desde las más altas esferas del Gobierno. El Gobierno de Nicaragua instrumentalizó todos los poderes del Estado como las personas opositoras reales o percibidas como tales».

Investigación

Según Simon, las violaciones constituyen «crímenes de lesa humanidad» y sirven para iniciar una investigación bajo el derecho internacional.

Asimismo sostuvo que lo documentado por el Grupo de Expertos es suficiente para realizar la investigación en la materia y agregó que «cabe en las autoridades competentes determinar responsabilidades individuales».

Finalmente, Simon recomendó al Estado liberar de forma inmediata a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad; que se ponga un alto a las persecuciones por razones políticas; que el Estado de Nicaragua implemente medidas para garantizar la separación de poderes; entre otras.

Simon hizo énfasis en que los resultados de esta investigación pueden servir para acercar a las víctimas a la justicia y a la rendición de cuentas.

En cuanto a la comunidad internacional, el Grupo de Expertos instó a iniciar acciones legales contra los responsables, ampliar las sanciones e incluir garantías de derechos humanos en los proyectos de inversión y cooperación para Nicaragua.

Nicaragua rechaza informe de Ghren

Al finalizar la presentación del informe, la delegación de Nicaragua rechazó lo trabajado por el Grupo de Expertos.

Wendy Morales Urbina, Procuradora General de Nicaragua, se refirió al Ghren como «señores designados unilateralmente» y dijo que «dicho grupo no es más que una cortina para aparentar una ilegalidad inexistente en los reportes que preparan para Nicaragua».

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Sobre las recomendaciones brindadas por el Grupo de Expertos, dijo que «cualquier recomendación que pudieran presentar es carente de objetividad y hasta coercitiva con la finalidad de desintegrar nuestra visión de país en la búsqueda del bienestar de todos los nicaragüenses».

Condena internacional

Durante el diálogo interactivo de los Estados que continuará este martes, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile expresaron su condena por los crímenes de lesa humanidad que sigue cometiendo el régimen.

«Tememos que esta conducta pueda conducir a una crisis aun mayor en la región», señalaron en una declaración conjunta en la que además pidieron la renovación del mandato del Grupo de Expertos para la realización de investigaciones más detalladas.

Mientras que la Unión Europea (UE) reiteró su llamado para que se les permita el ingreso al país al Grupo de Expertos y organismos internacionales de derechos humanos y demandó la liberación de los presos políticos, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez.