Durante el último mes del 2020, la FVBCH reportó 16 ataques contra medios y periodistas independientes. El 94% de estas agresiones fueron ejecutadas por agentes policiales.
Redacción IP Nicaragua
Durante el mes de diciembre se contabilizaron 16 casos de violaciones a la libertad de prensa, según los indicadores de evaluación de Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH)
Señalan que en dicho mes predominaron las agresiones y ataques a hombres y mujeres de prensa, medios de comunicación y sus allegados (11 casos). Seguido de tres casos de uso abusivo del poder estatal y dos casos de negativa de acceso a las fuentes informativas.
Como en meses anteriores, el organismo señaló que un alto porcentaje de las violaciones registradas en diciembre (el 94%) fueron perpetrados por agentes estatales como policías, guardas de seguridad de la Alcaldía de Masaya y Procuraduría General de la República. Por otro lado, 6% de los ataques no fueron identificados, «pero según los testimonios de las víctimas, corresponden a simpatizantes del partido de Gobierno», indica FVBCH.
El informe indica que del total de los ataques registrados en el último mes de 2020, nueve fueron hombres y una mujer, como es el caso de asedio y hostigamiento por parte de la Policía a la periodista caribeña Kalúa Salazar, en su vivienda en Bluefields.
«En los 12 meses del año la Policía Nacional puntea como el órgano más represivo o alérgico al respeto y garantías para el libre ejercicio de la libertad de prensa. A pesar que por mandato constitucional está obligada a ser garante de estos derechos «, reiteró el organismo.
Los departamentos donde se registraron la mayor cantidad de ataques al periodismo independiente son: Managua (5), Masaya y León (3 cada uno), Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (2); así como Rivas, Boaco y Madriz, con 1 ataque respectivamente.
En cuanto a los medios de comunicación que sufrieron atropellos por parte del gobierno, durante el mes de diciembre están 100% Noticias y Confidencial, cuyas instalaciones «fueron sorprendidas con la colocación de rótulos en los cuales se leía que las propiedades le pertenecen al Ministerio de Salud (Minsa)», acción que según la FVBCH violan el artículo 44 de la Constitución de Nicaragua, que prohíbe la confiscación.
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