La Fiscalía bajo órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fabricó contra el sociólogo, economista e historiador nicaragüense, Oscar René Vargas, tres delitos: «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, provocación para cometer rebelión y propagación de noticias falsas», informó este jueves el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En la acusación contra el sociólogo de 77 años, aparece como víctima el Estado de Nicaragua y la Seguridad Pública del país, denunció el organismo defensor de derechos humanos en su cuenta de Twitter.
“Continúan las farsas judiciales. Con el trámite machotero el régimen Ortega Murillo acusó al doctor Oscar René Vargas, imputándole tres delitos: conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, provocación para cometer rebelión y propagación de noticias falsas”, expresó el Cenidh.
Según el organismo defensor de derechos humanos, la audiencia inicial contra Vargas se programó para el 9 de diciembre a las nueve de la mañana.
El analista político fue secuestrado por la Policía el pasado 22 de noviembre mientras estaba en la casa de su hermana en Managua.
El Cenidh denunció la semana pasada que Vargas fue traslado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocidas como «El Chipote», donde sus familiares y abogado defensor pudieron pasarle agua.
“El Cenidh exige libertad inmediata para el doctor Vargas y el cese de la represión a través del impresentable Poder Judicial. Es inocente”, denunció el organismo en la publicación que colgó este jueves en sus redes sociales.
Vargas es hipertenso y hace siete meses le colocaron un marcapasos por problemas cardíacos. «El régimen de Ortega-Murillo ha capturado a mi padre Oscar Vargas. Mi padre es una persona mayor, con una salud delicada. Hago responsable al régimen por cualquier malestar que le suceda», denunció en Facebook su hijo René Vargas Zamora.
El analista político y escritor de 35 libros regresó a Nicaragua, después de haber estado como refugiado en Costa Rica.
Vargas se suma a la lista de los más de 219 presos políticos del régimen, tras el estallido de la crisis de abril de 2018.
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