Redacción / IP Nicaragua
El Ministerio Público amplió la acusación en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro por el delito de apropiación y retención indebida. Además acusó a otras nueve personas incluyendo a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva, a quienes se les vencía esta semana el periodo de prisión de 90 días.
Fletes Casco y Gómez Silva fueron acusados por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica.
Las otras personas acusadas fueron el periodista Carlos Fernando Chamorro, director del medio Confidencial y hermano de Cristiana, por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida y gestión abusiva.
De igual forma, el Ministerio Público acusó al exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, hermano de la aspirante presidencial detenida y del periodista Carlos Fernando, quien se encuentra en el exilio. Pedro Joaquín está detenido desde el pasado 25 de junio y fue acusado por los delitos de gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
Por otro lado, el ente acusador del régimen imputó a Emma Marina López y Pedro Salvador Vásquez Cortedano como «cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero». Vásquez era el conductor personal de Cristiana Chamorro y está preso desde el 15 de junio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 3 de agosto de 2021 la Resolución 58/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Pedro Salvador Vásquez, tras considerar que se encuentra en una «situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
También se acusó a Ana Elisa Martínez Silva por apropiación y retención indebida, gestión abusiva y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos, además a Guillermo José Medrano y María Lourdes Arroliga por apropiación y retención indebida.
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