*Trabajadores no gozan de los beneficios sociales y además reciben bajos salarios por su jornada laboral
Redacción IP Nicaragua
La informalidad laboral afectó al 74.5% de los trabajadores nicaragüenses en 2019, de acuerdo con estimaciones de la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico y Global (Fideg), presentadas a inicios de diciembre de este año.
La organización aclara que este concepto acapara a aquellos trabajadores que “desempeñan sus labores al margen de la legislación laboral”.
En este grupo se incluye a los trabajadores que pertenecen a empresas o fincas con menos de seis colaboradores y que “laboran con mano de obra familiar”, según la definición operativa utilizada por el Fideg,
Al analizar el periodo de 2009 a 2019, el informe del Fideg revela que el 2010 fue el año que presentó el índice más alto de informalidad, equivalente a 75.3%.
De acuerdo al Fideg, las condiciones de las empresas influyen en la precariedad laboral.
“En Nicaragua, la mayor parte del empleo es generado por empresas cuyas posibilidades de beneficiarse de las economías de escala son escasas lo que, a su vez, restringe sus posibilidades de ser más rentables y eventualmente mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores”, explica el informe.
El economista Luis Núñez, explica que la informalidad es uno de los grandes problemas de la economía nicaragüense que tiene incidencia directa en el crecimiento y desarrollo económico nacional, ya que afecta a empresas y trabajadores.
“Se genera un deterioro del poder adquisitivo y los trabajadores no tienen a beneficios sociales como la atención en salud y pensiones. Si las empresas no pagan impuestos correspondientes es una enorme limitante porque no tienen acceso a créditos formales y servicios bancarios”, señaló Núñez.
Según Núñez, la informalidad “no permite crecer a las empresas, ya que no pueden hacer negocios con empresas grandes ya establecidas. Muchos pueden tener un excelente producto, pero son informales”, explica.
Por su parte, el economista Maykell Marenco expone que, uno de los grandes problemas de la informalidad son los bajos ingresos “que oscilan entre el 25% y 50% del salario mínimo, que es bajo”.
La situación sucede porque confluyen “la baja cualificación del capital humano, la falta de oportunidades”, apuntó Marenco.
Según el área de residencia, se encuentra que la zona rural presenta índices más altos de informalidad que las zonas urbanas. Mientras que, en el área urbana, la informalidad alcanza el 69.1%, en el área rural asciende a 81.1%.
La informalidad en el área rural en 2019 aumentó 2.8 puntos porcentuales, en comparación con 2017.
Marenco explica que la situación de informalidad en el área rural “agrava otros problemas como el hacinamiento, falta de servicios básicos y la pobreza”.
Por su parte, Núñez destaca que, la informalidad en el área rural ha sido “históricamente” más elevada que en el resto del país y por lo tanto “hay que trabajar para que los pequeños productores puedan formalizarse y acceder a servicios financieros”.
“En una ocasión se daba el gran problema de la recaudación de una tasa al sector cafetalero. No funcionaba, porque no había la infraestructura necesaria para ellos, la gente no tenía acceso a los bancos, viven en zonas rurales muy alejadas, desconocen el sistema. Esta situación la podemos extrapolar a otros casos como la producción de frijol y la ganadería. Nos vamos a encontrar que en la producción de las materias primas el grado de informalidad es bastante alto”, dijo el economista Núñez.
A partir de 2019, Fideg brinda un nuevo indicador de informalidad laboral, según las tres regiones del país: Pacífico, Centro y Atlántico. De estas, la más afectada por este fenómeno es el Atlántico con 84.5%, seguido por la zona central con 77.2% y el pacífico con 69.4%.
Los hallazgos del Fideg indican que el 24.2% de los ocupados en el Atlántico son trabajadores/ familiares no remunerados. Mientras tanto, en el Centro esta proporción alcanza 18.5% y en el Pacífico 10.5%.
Los datos nacionales revelan que, el trabajo por cuenta propia y el no remunerado representan en conjunto el 48.9% de los ocupados. La organización indica que este dato es consistente con el grado de informalidad y la “escasa contribución de las actividades económicas más complejas en la creación de empleos”, expone el informe.
Para superar la informalidad, Núñez explica que no se trata solo de políticas públicas, sino de la aplicación del marco legal que en la actualidad presenta “grandes problemas”.
“¿Qué motivación puede haber para integrarse a la formalidad si los impuestos están elevadísimos, para poder formalizarse la alcaldía y la DGI (Dirección General de Ingresos) está cobrando tasas que van, incluso, más allá de la base de cálculo? Considero que debe haber una combinación de factores públicoprivado, pero también debe haber racionalidad en la aplicación de las leyes”, afirma Núñez.
En este punto Marenco coincide con Núñez, pues explica que en el país no existen incentivos fiscales para formalizarse, y que la superación de este problema depende de voluntad política.
“Actualmente a las empresas les sale más barato, tener a los trabajadores en la informalidad. Se necesita voluntad política para flexibilizar el mercado laboral”.
Marenco añade que la pérdida de la confianza ha influido en el deterioro de las iniciativas empresariales y de Inversión Extranjera Directa (IED) y esto a su vez, agrava la informalidad.
“La IED genera puestos de trabajo con más cualificación, la reducción de IED dificulta que el nuevo capital humano se indexe al mercado laboral”, explicó Marenco.
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