*Los funcionarios del organismo mundial instan al gobierno a revisar la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos para garantizar las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Redacción / IP Nicaragua
Expertos de la Oficina del Relator Especial de las Naciones Unidas, a través de una carta, comunicaron al gobierno de Nicaragua sus preocupaciones sobre la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, recientemente aprobadas por los 70 diputados sandinistas en la Asamblea Nacional.
En el escrito, con fecha 13 de noviembre, los expertos de la ONU instan al gobierno de Daniel Ortega revisar ambas leyes, incluso recomiendan que se convoque a un espacio público, para garantizar su alineación con las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La Ley de Agentes Extranjeros, mejor conocida como «Ley Putin», fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, el pasado 19 de octubre. A partir de esa fecha se deben cumplir 60 días para su entrada en vigencia.
La Ley Especial de Ciberdelito o «Ley Mordaza», denominada así porque criminalizar la libertad de expresión, fue publicada el 30 de octubre, empezando a partir de esa fecha la cuenta regresiva para su entrada en vigencia.
Los expertos de la ONU dieron a conocer sus reacciones preliminares, luego de analizar el contenido de las leyes, por lo que basan sus análisis en las obligaciones de Nicaragua de respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos, así como la relación entre estas leyes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que Nicaragua se adhirió el 12 de marzo de 1980 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Nicaragua el 25 de septiembre de 1979.
«La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobadas por el Parlamento nicaragüense, presentan problemas graves y fundamentales de compatibilidad con las obligaciones de Nicaragua, en virtud del derecho internacional», manifiestan los expertos.
No obstante, reconocen que el Estado tiene un interés legítimo en la regulación de los delitos y en evitar la injerencia de terceros Estados en sus asuntos internos, pero que «cualquier medida de este tipo debe ser en sí misma compatible con el derecho internacional en general y con el derecho de los derechos humanos en particular. Al respecto, reiteramos que el poder legislativo tiene la responsabilidad independiente de velar por la conformidad de las leyes aprobadas con el Pacto y la Convención Americana», expresan en la misiva.
Los expertos recuerdan a Ortega que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.
Los relatores de la ONU también se pusieron a disposición del gobierno nicaragüense para brindar una mayor asistencia técnica respecto a la temática abordada en el escrito (sobre las «leyes represivas»), si así lo considera necesario y lo solicitara el Estado.
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