Asamblea Nacional. Foto tomada del Canal Parlamentario
La Asamblea Nacional aprobó este jueves 23 de noviembre, una ley que reduce la indemnización por antigüedad en caso de renuncia para los empleados estatales.
La nueva normativa señala que los empleados del Estado que decidan renunciar tendrán derecho a su antigüedad a partir de los tres años de servicio continuo.
La «Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado» establece una tabla de indemnizaciones por antigüedad en caso de renuncia, según la cantidad de años de servicio continuo.
Los trabajadores que tengan de 3 a 10 años obtendrán el equivalente a un mes de salario si dejan el puesto de manera voluntaria. En tanto, quienes acumulen de 10 a 15 años cobrarán el equivalente a 2 meses de su sueldo.
En el caso de los que acumulen de 15 a 20 años de trabajo, el Estado de Nicaragua les reconocerá 3 meses de sueldo como liquidación. Cobrarán cinco meses de sueldo solo aquellos que trabajen 20 años continuos para el sector público.
Según la justificación de la normativa, «las indemnizaciones por antigüedad reguladas en la presente ley son sin perjuicio de los derechos establecidos en las convenciones colectivas que correspondan».
Sin embargo, el Código del Trabajo vigente establece en su artículo 45 el cálculo de la siguiente manera:
1.Un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo.
2. Veinte días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año. «En ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de cinco meses. Las fracciones entre los años trabajados se liquidarán proporcionalmente».
Pero con esta nueva ley, los trabajadores del Estado que lleven menos de tres años y renuncien no recibirán un solo peso por antigüedad.
Además quienes se mantengan en el rango de tres a diez años de labor continua, su indemnización será equivalente a tan solo un mes de su sueldo, cuando el Código establece otras medidas salariales.
La iniciativa dele fue aprobada con 92 votos a favor, justificando que «regular las indemnizaciones por antigüedad es una de las medidas que se requieren impulsar para que permanezca el respeto al derecho de los trabajadores ante la renuncia».
También señalan que «el manejo eficiente de las finanzas públicas por parte del Estado permite asegurar y mantener la estabilidad y crecimiento económico, para continuar garantizando los derechos de todos los nicaragüenses y especialmente de los trabajadores del sector público, incluyendo la seguridad social».
La normativa aplica para «todos los trabajadores del sector público, sean estos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, Entes Autónomos y Gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe», y «las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los regímenes de carreras establecidos por otras leyes, en lo que corresponda al sector público», se lee en el texto legislativo.
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