Redacción / IP Nicaragua
Nueve funcionarios del régimen de Daniel Ortega fueron agregados a la lista de «actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos», entre ellos Karen Vanessa Chavarría, una de las juezas verdugo de los presos políticos.
A los sancionados se les aplicó la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos y la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (Ley RENACER).
“El gobierno de los Estados Unidos está profundamente preocupado por la injusticia y la falta de transparencia que se
muestran en los juicios de los presos políticos en Nicaragua», refiere el documento de la sanción.
La jueza Chavarría es una de las que más se han ensañado contra los presos políticos en Nicaragua, particularmente las mujeres.
Chavarría ordenó en 2019 mantener en prisión a la presa política Ruth Matute, originaria de Masaya, pese a su reciente operación en la que se le reemplazó su marcapasos y que presentaba un cuadro febril.
La matagalpina María Esperanza Sánchez fue condenada por en marzo de 2020 por el delito de portación de armas y municiones, transporte de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas. Chavarría conoció la causa de la opositora y la envió a juicio, donde otro judicial la condenó a diez años de prisión.
Incluida en la lista por «abusar de su autoridad y subvertir procesos legales para actuar contra opositores políticos al régimen Ortega-Murillo e inhabilitar candidatos opositores a las elecciones de noviembre de 2021».
Brenda Isabel Rocha Chacón, actual Presidenta del CSE.
Cairo Melvin Amador, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Lumberto Ignacio Campbell Hooker, magistrado electoral.
El Departamento de Estado acusó a los magistrados electorales de “conspirar con los Ortega- régimen de Murillo para socavar las instituciones políticas de Nicaragua y subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 al descalificar a los partidos y candidatos legítimos de la oposición por motivos espurios”.
Gustavo Eduardo Porras Cortés, actual presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Edwin Ramón Castro Rivera, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde 2007 en la Asamblea Nacional.
Estados Unidos afirmó que el legislador aseguró que todos los «leales a Ortega-Murillo ganaran todos los cargos de magistrados en el CSE y asegurar la aprobación de una legislación extremadamente amplia que utilizó el régimen de Ortega-Murillo, excluir a los candidatos y partidos de la oposición y hostigar y encarcelar a los opositores políticos”.
Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Carlos Wilfredo Navarro Moreira, Diputado sandinista en la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Los diputados dieron al régimen Ortega-Murillo las «herramientas para conducir su descarado asalto a la democracia al llenar el CSE con miembros del FSLN leales a Ortega”.
María Haydee Osuna Ruiz, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista.
A Osuna, la acusan de “conspirar con el régimen de Ortega-Murillo para subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 en Nicaragua al firmar una denuncia espuria que sirvió de pretexto para que el gobierno descalificara al último partido de oposición legítimo que quedaba y perseguir a su líder hasta el exilio”.
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