La oficial salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) «contribuye al auto aislamiento» internacional, afirmó este lunes Embajador Francisco O. Mora, representante permanente de los Estados Unidos ante el organismo regional.
Estados Unidos afirma que seguirá trabajando con sus socios en la OEA y revisando todas las herramientas disponibles y apropiadas para responsabilizar a Ortega, Murillo y sus sustitutos por sus acciones violatorias de derechos humanos.
En un comunicado emitido este lunes 20 de diciembre por el Departamento de Estado, recordó que «hoy entró en vigor el retiro de Nicaragua de la Carta de la OEA», sin embargo, recuerda que al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que Nicaragua «sigue sujeta a sus obligaciones de derechos humanos y gobernanza en virtud de los tratados e instrumentos restantes, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
Señala al régimen que «sus abusos incluyen detener, condenar y maltratar injustamente a presos políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez; atacar a periodistas independientes; y obligar a cientos de organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas a cerrar o traspasar sus operaciones al Estado».
El 19 de noviembre de 2021, el régimen orteguista denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos, lo que significó su retiro del organismo que se concreta —según los lineamientos de la OEA— dos años después, es decir este domingo 19 de noviembre de 2023.
Estados Unidos considera que «la decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo de aislar aún más a Nicaragua de la comunidad internacional demuestra su desesperación por evitar cualquier esfuerzo de la OEA o de socios de ideas afines para responsabilizarlos por atroces abusos contra los derechos humanos».
A la vez señaló que «las acciones de Nicaragua son una afrenta al compromiso del hemisferio occidental con la democracia».
En el comunicado Estados Unidos renovó su llamado al régimen de Ortega y Mrillo a que cumpla “con sus obligaciones y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Finalmente indica que «la OEA actúa como la organización multilateral más importante del hemisferio occidental y tiene una larga historia de apoyo al avance democrático de todas las naciones de las Américas. Estados Unidos reitera nuestro apoyo al pueblo de Nicaragua y su búsqueda de libertades fundamentales, derechos humanos y democracia».
El régimen de Daniel Ortega publicó una carta en la que reafirma que «nos retiramos definitivamente, Nicaragua ya no tiene ninguna relación, ya no somos miembros de ese infame organismo llamado OEA».
El comunicado firmado por el canciller Denis Moncada sostiene que «el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional queda desligado, desvinculado de esa organización», a la que señalan de «injerencista, instrumento de intervención del gobierno unipolar y hegemónico decadente de los Estados Unidos de Norteamérica».
Aseguran que «la OEA continúa siendo el ministerio de colonias diseñado y organizado por el poder norteamericano para encubrir y justificar sus acciones agresivas, violatorias del derecho internacional contra los pueblos y gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina y el Caribe».
Reiteran que «la OEA materializa la extensión del poder y el injerencismo del gobierno norteamericano contra la independencia, soberanía, el bienestar, paz y seguridad de los pueblos del hemisferio».
En la misiva el régimen planteó que la OEA ha tenido una «actuación parcializada en el fallido golpe de Estado del 2018 en Nicaragua» a como se refiere el oficialismo al estallido cívico en abril de ese año que dejó más de 300 muertes producto de la represión armada comandada por la Policía y fuerzas paramilitares contra los manifestantes.
«La OEA ha tenido de manera reiterada una actuación injerencista en contra de Nicaragua, transgrediendo los principios de no intervención en los asuntos internos, el respeto a la soberanía de los Estados y el derecho de los pueblos a elegir libremente su destino, principios reconocidos por el Derecho Internacional y contenidos en su Carta constitutiva», agrega el documento.
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