El Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó a la Lista Engel a 13 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La lista incluye funcionarios de la Superintendencia de Banco y Otras Instituciones Financieras (Siboif), de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Registro Nacional de la Propiedad, diputados de la Asamblea Nacional y miembros del Poder Judicial.
«Son personas que a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción», señala el Departamento de Estado.
1. Wendy Carolina Morales Urbina, Procuradora General de la República
Incluida en la lista porque planificó una «campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal», señala el documento.
Urbina también incautó propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación, destaca el Departamento del Tesoro.
En Nicaragua, desde 2018 el régimen ha confiscado más de 3 mil organizaciones no gubernamentales.
2. Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional
3. Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional
4. Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional
5. Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario de la Asamblea Nacional
Todos los diputados de la Asamblea Nacional están en la lista porque participaron en «represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo».
6. Rosa Argentina Solís Dávila, Magistrada de Apelaciones de Managua
7. Ángela Dávila Navarrete, Magistrada de Apelaciones de Managua
Ambas judiciales de la Corte de Apelaciones facilitó una «campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.
8. Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
9. Aldo Martín Sáenz Ulloa, Subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
La unidad que debe investigar delitos de lavado de dinero y otros en el país «socavó procesos o instituciones democráticas». Ambos funcionarios usaron su cargo para «facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal».
10. Valeria Maritza Halleslevens Centeno, directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR)
11. Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR
Los funcionarios también usaron su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
12. Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF)
Desde la SIBOIF se proporcionó información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del Poder Judicial de Nicaragua como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para suprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin una base legal.
13. Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
Facilitó una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar pensiones de adversarios políticos sin una base legal.
Las sanciones dadas a conocer por el Departamento de Estado incluyen la cancelación de visas o permiso de ingresar a Estados Unidos, así como la congelación de bienes en ese país.
El Departamento de Estado dio a conocer la lista este 19 de Julio cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional se dispone a celebrar el 44 aniversario de la revolución.
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