** Secretario de Estado Antony J. Blinken, acusó al Gobierno de Daniel Ortega de aprobar en los últimos meses leyes que son «cada vez más represivas”.
Redacción / IP Nicaragua
El Departamento de Estado de Estados Unidos, publicó este martes un amplio informe que registra las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, donde existe un “sistema político altamente centralizado y autoritario” dominado por Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo.
Durante la presentación del informe, el Secretario de Estado Antony J. Blinken, acusó al Gobierno de Ortega de aprobar en los últimos meses leyes que son «cada vez más represivas» y limitan cada vez más a la oposición política, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.
El informe 2020, sobre prácticas de derechos humanos en Nicaragua, expone una serie de situaciones de violación a los derechos humanos de las personas, como ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno o sus agentes; desapariciones forzadas por fuerzas parapoliciales; tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales.
Por otro lado, confirman que hay condiciones carcelarias duras y “potencialmente mortales”; detenciones arbitrarias por policías y parapolicías; presos y detenidos políticos; represalias por motivos políticos contra personas ubicadas fuera del país; además de una grave falta de independencia del poder judicial; e injerencias arbitrarias e ilegales en la privacidad.
“Hubo serias restricciones a la libertad de expresión y prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal; e interferencia sustancial en los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación, así como severas restricciones a la libertad religiosa, incluidos ataques contra la Iglesia Católica Romana y los funcionarios de la iglesia”, señala el documento.
Blinken, acusó a Ortega y sus grupos de paramilitares de llevar a cabo «una campaña de acoso, intimidación y violencia» contra todas las personas que son percibidas como «enemigos», principalmente opositores.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, agrega que en el último año, en Nicaragua no hubo indicios de que el gobierno investigara los delitos cometidos por la policía y los grupos parapoliciales relacionados con la “Rebelión de Abril”.
“En abril de 2018, el presidente Ortega y el vicepresidente Murillo ordenaron a la policía y a las fuerzas parapoliciales reprimir con violencia las protestas pacíficas, que comenzaron por el descontento con la decisión del gobierno de reducir los beneficios de la seguridad social”, señala el documento.
En el último año, el gobierno no respetó el derecho legal de reunión, manifestación y movilización públicas.
“Las marchas y protestas a favor de la democracia no fueron permitidas durante el año. La policía y los parapoliciales persiguieron, acosaron y ocasionalmente impidieron reuniones privadas de ONG, grupos de la sociedad civil y organizaciones políticas de oposición”, confirma el reporte.
El documento además refleja que, el gobierno en el último año continuó impidiendo que nueve organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil recuperaran su personería jurídica y retuvo ilegalmente sus activos, impidiéndoles operar normalmente.
“Durante el año, el gobierno despojó a una organización no gubernamental más de su estatus legal”, señala el informe.
Durante el levantamiento en contra de Ortega, las fuerzas parapoliciales armadas detuvieron “arbitrariamente” a activistas de la oposición y, a menudo, los mantuvieron en instalaciones improvisadas sin permitirles informar a sus familiares.
Según el documento, la mayoría, si no todas, de los cientos de desapariciones perpetradas los parapolicías durante el apogeo del levantamiento “seguían sin resolverse”.
Esas detenciones fueron acompañadas de torturas. Los funcionarios públicos llevaron a cabo “intencionalmente actos que resultaron en graves sufrimientos físicos o mentales” con el fin de obtener información, infligir castigos y disuadir psicológicamente a otros ciudadanos de informar sobre las acciones del gobierno o participar en acciones cívicas, señala el Departamento de Estado.
“Persistió la impunidad entre las fuerzas policiales y parapoliciales en los casos denunciados de tortura, malos tratos u otros abusos”, dice el documento.
El documento detalla que los presos y presas políticas estuvieron expuestos, particularmente durante la pandemia de la covid-19, que agravó su situación por la “atención médica inadecuada, escasez frecuente de alimentos y contaminación de los alimentos, agua contaminada y un saneamiento inadecuado”.
Agrega que, las autoridades penitenciarias prohibieron la entrega de kits de salud e higiene proporcionados por familiares a los internos para protegerse de la covid-19.
El Departamento de Estado de EEUU, también denunció a Cuba y Venezuela, países que junto a Nicaragua, cometen prácticas de torturas y ejecuciones, según el informe anual sobre los derechos humanos.
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