Redacción / IP Nicaragua
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) concluyó en su informe “La farsa electoral” que las elecciones generales realizadas el pasado 7 de noviembre en Nicaragua se llevó a cabo bajo un ambiente de total incertidumbre y terror.
El organismo de derechos humanos presentó un informe en el que documentó una serie de denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas entre en plena jornada electoral.
El pasado 10 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral (CSE), institución controlada por el oficialismo, asignó el 75.87% de los votos al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes se reeligieron como presidente y vicepresidente, de Nicaragua, respectivamente.
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Los resultados electorales fueron rechazados y desconocidos por más de 40 países, incluidos los 27 de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. Además la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró ilegitimas las elecciones de Nicaragua.
El Cenidh calificó las elecciones del pasado 7 de noviembre como “una de las más bochornosas en la historia del país”.
Incidencias durante la jornada electoral
Del 1 al 8 de noviembre, el Cenidh registró un incremento de la represión en Nicaragua. Según el informe se documentaron 28 denuncias de 105 incidencias reportadas por las distintas fuentes abiertas de información y monitoreo.
Estas incidencias están clasificadas en 28 hostigamientos, 32 detenciones, 22 irregularidades a la Ley Electoral, siete allanamientos, tres amenazas directas, tres retenciones migratorias, dos agresiones físicas, una obstaculización a la libre circulación y una muerte violenta.
De acuerdo con los resultados del informe la población identificó como victimarios y perpetradores de la violencia a la Policía en 59 incidentes, quienes actuaron en “conjunto con civiles simpatizantes del partido de gobierno, paramilitares, incluso, en una ocasión, se señaló la presencia del Ejército de Nicaragua”.
En otras 20 incidencias se mencionan a “funcionarios del Estado, entre ellos, canciller, alcalde, funcionarios del Sistema Penitenciario, Migración y Extranjería, Ministerio de Educación. También en otras 11 situaciones acusan a “simpatizantes del FSLN”.
“Los casos de detenciones recopilados por el Cenidh, expuestos en este reporte, refuerzan la gravedad de crisis de violencia electoral y persecución política desde que inició la ola de detenciones contra líderes políticos y precandidatos presidenciales en mayo de este año, lo que convierte este, en el período electoral más violento de la historia de Nicaragua”, precisó el organismo.
El Cenidh denunció que los derechos más vulnerados el 7 de noviembre fueron la libertad individual, integridad física y mental, libertad de prensa, libre circulación, la propiedad, la seguridad jurídica y garantías del debido proceso.
Hostigamiento, amenazas y agresiones
Sobre actos de hostigamiento, amenazas y agresiones, el Cenih sostuvo que “en aras de sembrar el terror en el país y silenciar a quienes se alzaran en contra de la farsa electoral del 7 de noviembre, el régimen Ortega Murillo junto a sus policías, paramilitares y fanáticos incrementaron los actos de hostigamiento, pintas en las casas, amenazas y agresiones en contra de personas excarceladas políticas, familiares de víctimas, presos políticos, activistas, defensores de derechos humanos y todo aquel considerado enemigo político.
Entre uno de los casos públicos, denuncian el que ocurrió contra la iglesia Santa María Magdalena, de Monimbó, en Masaya, donde el párroco colocó una manta en rechazo al proceso electoral del 7 de noviembre: «Nuestro dedo dactilar estará limpio». Ese mismo día, la Policía llegó a exigirle al párroco que la quitara.
Reiteraron que “la vigilancia, hostigamiento y persecución masiva contra la población opositora ha sido una práctica estatal que viola múltiples derechos humanos, y muchas veces es acompañada de amenazas de muerte y agresiones; producto de esta situación las víctimas se están viendo obligadas a desplazarse a nivel interno, o incluso a buscar refugio en otros países, dejando su entorno social y familiar, con graves daños a su dignidad humana. El 100 por ciento de las víctimas son personas identificadas como opositoras o críticas del gobierno de turno”.
Detenciones y los allanamientos
Cenidh registró 32 detenciones y allanamientos en el periodo del 5 al 8 de noviembre. Señalan que las personas “detenidas arbitrariamente” fueron llevadas a las delegaciones policiales, los familiares no tienen ningún tipo de información de su estado físico o psicológico.
Al cierre de este informe, “circula en redes sociales y medios de comunicación que algunas de estas personas están siendo procesadas, les están iniciando juicios revestidos de irregularidades, otros continúan en un limbo jurídico”, indicó el organismo.
Al respecto mencionan el caso de la joven opositora Samantha Jirón, detenida el pasado 9 de noviembre, y a quien el Ministerio Público le está acusando conforme a la Ley 1055, o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía, la Integridad y la Autodeterminación para la Paz.
“La audiencia inicial la realizó la jueza Nalia Úbeda Obando del Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de audiencia, circunscripción Managua. Su madre, Carolina Jirón, denunció ante La Prensa que su hija ya había recibido amenazas y persecuciones”, detalló el organismo de derechos humanos.
Para Cenidh, “estos hechos constituyen violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus núcleos familiares, pues todos fueron ejecutados al margen de las garantías del debido proceso, los agentes de la Policía Nacional no presentaron ninguna orden de detención, ni de allanamiento. Es importante señalar que todas las víctimas, habían denunciado persecución política, manifestada a través de: hostigamientos policiales y paramilitares; estigmatización, amenazas y ataques a su integridad”.
Violación a la Libertad de Prensa
A pocas horas de que se llevara a cabo el proceso electoral en el país, el régimen Ortega Murillo conculcó los derechos de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua negándole la acreditación (para brindar cobertura en los centros de votación) a la prensa independiente nacional, denunció el Cenidh.
“Los autorizados únicamente fueron periodistas oficialistas que se encargarían de reproducir y validar sus mentiras. Pero Ortega no solo impidió la cobertura a la prensa nacional, también lo hizo con cadenas noticiosas internacionales desde finales de octubre; hubo numerosos reportes de periodistas que se les negó la entrada al país a las puertas del aeropuerto, a otros les cancelaron sus boletos ya comprados, a través de las líneas aéreas”, agregan.
Otro incidente que reporta el organismo contra la libertad de prensa fue la detención de los periodistas Mileydi Trujillo y Elvin Martínez, por tres horas y posteriormente liberados por la Policía de la ciudad de Masaya en un claro acto de violación a libertad de expresión.
Para Cenidh “todos estos hechos reiteran la voluntad del régimen de seguir violando la libertad de expresión y prensa en Nicaragua, y el derecho a informar y ser informado”.
