Redacción/ IP Nicaragua
La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE) Brenda Rocha, afirma a la cadena de televisión venezolana Telesur, que los fiscales son suficientes para garantizar la vigilancia electoral de los comicios que se celebrarán en Nicaragua el próximo 7 de noviembre.
«Lo establece la constitución política, la misma ley electoral y diversas leyes, de que estos procesos únicamente le corresponde a los y las nicaragüenses, y de ahí es donde se determina que la observación tiene que estar dentro de nuestro país», expresa Rocha.
En una una entrevista con el programa Notables con el periodista Jorge Gestoso, de la cadena Telesur, la presidenta del CSE en Nicaragua dijo que el papel de observación electoral lo realizarán los fiscales de cada partido.
«Por eso tenemos a los fiscales de cada partido político, esta ley nueva establece el acompañamiento de los partidos políticos a través de sus fiscales, desde la salida de las boletas electorales, todo el proceso desde las juntas receptoras de votos, ahí están los fiscales, esa es la observación, esa es la transparencia que se establece dentro de la ley electoral», afirma la magistrada sandinista.
El anuncio de la máxima titular del CSE ignora por completo las demandas de la comunidad internacional y con lo dispuesto en la resolución 2020 de la Organización de Estados Americanos (OEA), que además exigía reformas electorales profundas, que finalmente el régimen de Nicaragua incumplió.
Durante varios años la observación o vigilancia electoral estuvo liderada por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), sin embargo, la personería jurídica de este organismo fue cancelada en el año 2018 por diputados sandinistas, junto a otras organizaciones no gubernamentales, a quienes el régimen de Daniel Ortega consideraba peligrosas para la seguridad y la paz en Nicaragua.
Otro organismo que también se ha involucrado en las últimas dos décadas para validar la legitimidad de las elecciones en Nicaragua, es el Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT), sin embargo, este año no ha anunciado si será facultado por el Poder Electoral para participar como observadores electorales en el país.
“Nosotros ya hicimos el llamado tanto en el reglamento como en un acuerdo que se publicó, un llamado a los partidos políticos a respetar las leyes, la convivencia, la justicia, la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo en este proceso electoral”, dice la recién nombrada magistrada Rocha.
En la última semana el régimen de Ortega mandó a encarcelar a los opositores pre candidatos a la presidencia de Nicaragua Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, a quienes investigan bajo los cargos de supuesta traición a la patria.
La semana pasada el gobierno de Ortega también ordenó casa por cárcel para la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, a quien acusa de supuesto lavado de dinero, desde la fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual cerró operaciones en Nicaragua en febrero pasado.
Sin embargo, la nueva ley que le están aplicando a los pre candidatos opositores que han sido encarcelados por la Fiscalía sandinista, la cual los mantiene bajo investigación y y bajo prisión preventiva por tres meses, evitará que estos puedan inscribirse el próximo 28 de julio como candidatos a la presidencia, y prácticamente eso los pone fuera de la contienda electoral.
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