La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el martes la 22da prórroga del régimen de excepción, el cual mantiene suspendidos derechos relacionados al plazo de detención, defensa e intervención a las telecomunicaciones.
En su solicitud, el gobierno indicó que la medida, vigente desde el 27 de marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 75.100 supuestos pandilleros. La suspensión de garantías permite extender el plazo máximo de detención de 72 horas a 15 días; no informar de manera inmediata de los derechos y las razones de detención a un sospechoso y tampoco garantiza la asistencia jurídica. Además, permite intervenir las telecomunicaciones sin una orden judicial.
La medida se aprobó con 67 de 84 votos.
El gobierno sostuvo que el régimen es necesario porque “aún permanecen” pandilleros y sus cabecillas “en libertad” y que suspender la medida sería un “retroceso”.
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Ana Figueroa, diputada del oficialista Nuevas Ideas, aseguró que nadie puede negar la disminución de los homicidios, y que el régimen beneficia a los ciudadanos “que tenían miedo de cruzar la calle” porque vivían “en zonas contrarias” de las pandillas.
En tanto, la legisladora opositora Claudia Ortiz arremetió contra la medida: “El régimen de excepción no es una política de seguridad sino la suspensión de los derechos fundamentales de los salvadoreños”, puntualizó.
“Las dos cosas son ciertas, se han capturado pandilleros, y se han capturado inocentes y no se les da justicia, la última cosa no debería estar pasando”, afirmó en el pleno. En El Salvador “no hay paz” sino una “tensa calma”, añadió.
La nueva prórroga estará vigente hasta el 10 de febrero, plazo que incluye las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán el 4 de febrero. El gobierno ha asegurado que mantendrá la medida hasta que no haya pandilleros en las calles.
Para Eduardo Escobar, de la asociación Acción Ciudadana, el régimen de excepción puede beneficiar al Tribunal Supremo Electoral en la organización de las elecciones, facilitando el acceso a los centros de votación que “podrían haber sido” inaccesibles “antes por las pandillas”. Desconoce, sin embargo, si la medida podría incrementar la participación electoral.
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La violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2016, año en el que el Instituto de Medicina Legal reportó 5.280 muertes dolosas. El año 2023 — calificado por el gobierno como el año «más seguro» en la historia del país — cerró con 194 homicidios, según los informes de la Policía Nacional Civil. La cifra oficial fue 154, ya que no incluye asesinatos de supuestos pandilleros.
Durante el régimen de excepción, la asociación Cristosal reportó hasta el 9 de enero 3.695 presuntas víctimas de detenciones arbitrarias y otras vulneraciones a los derechos humanos. En tanto, el organismo Socorro Jurídico Humanitario documentó 220 personas detenidas muertas dentro de las cárceles hasta el 30 de diciembre de 2023.
De acuerdo a la más reciente encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de evaluación del gobierno, publicada en mayo de 2023, un 97,7 % de la población entrevistada consideró que la delincuencia ha disminuido con el actual gobierno; de esa gran mayoría, el 68,7 % lo atribuyó al régimen de excepción o a la captura de pandilleros.
Con información de la Voz de América
