En un nuevo movimiento propagandístico de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el régimen anunció este viernes la excarcelación de 1.700 presos comunes con sentencias firmes. El objetivo oficial de esta medida, según Murillo, es «celebrar el Día de la Dignidad Nacional» el próximo 4 de mayo. Sin embargo, la decisión llega en un contexto político cargado, que refleja la estrategia habitual de la dictadura para desviar la atención de la represión sistemática y la continua violación de los derechos humanos en Nicaragua.
La dictadora Rosario Murillo detalló que 159 mujeres y 1.541 hombres serán liberados bajo el régimen de convivencia familiar, lo que les permitirá cumplir sus penas en sus hogares. El acto de liberación tendrá lugar en la sede del Sistema Penitenciario, conocido como La Modelo (la cárcel de máxima seguridad en Tipitapa), y en otras siete prisiones del país.
“Este es un acto de dignidad, en el que las personas que han cometido errores tendrán la oportunidad de rectificar y comenzar una nueva vida”, dijo Murillo. Como siempre, el régimen apela al discurso de «paz» y «trabajo», mientras ignora las crecientes denuncias internacionales sobre las condiciones de los presos políticos y la falta de un proceso judicial justo para miles de opositores al gobierno.
Contraste con la represión
Las decisiones del régimen de Ortega-Murillo en torno a la excarcelación de estos prisioneros comunes contrastan fuertemente con la continua represión de los opositores políticos, quienes siguen encarcelados por su participación en protestas pacíficas o por expresar críticas al gobierno. Organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales han denunciado que la dictadura utiliza estas liberaciones como una cortina de humo para esconder su autoritarismo y la brutalidad con la que maneja la disidencia.
A pesar de los intentos de la dictadura por presentarse como un gobierno benevolente, el anuncio de la excarcelación no logra ocultar la realidad de un país donde la represión sigue siendo el principal instrumento de control social y político. La excarcelación de 1.700 presos comunes es, en este sentido, un acto simbólico que no responde a ninguna verdadera voluntad de cambio, sino a un cálculo político para mejorar su imagen ante la comunidad internacional y la población local.
En un contexto de constante represión, estos gestos superficiales no cambian la naturaleza de un régimen dictatorial que ha mantenido a decenas de opositores en condiciones de detención arbitraria, sin acceso a justicia, en un intento claro de silenciar cualquier forma de disidencia.
