En los últimos cinco años Centroamérica ha experimentado un preocupante giro autoritario en todos los países, denominado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) como “nuevos autoritarismos”, porque utilizan las formalidades de la democracia y las nuevas tecnologías de la comunicación para promoverse como proyectos políticos.
En su más reciente suplemento de análisis político sobre la región centroamericana (Edición 175), el , Cetcam analiza la persecución penal como instrumento político; las restricciones al derecho de asociación ciudadana y la persecución en contra de las personas defensoras de derechos.
Aunque varios patrones autoritarios se repiten a veces en todos los países, advierten que los casos más críticos son: Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
El informe explica que en algunos países, estos autoritarismos han llegado de la mano de fuerzas políticas alternativas y figuras presidenciales relativamente jóvenes; sin embargo, a pesar de que en sus formas parecieran respetar los principios democráticos, en la práctica y en la medida en que se acomodan en las estructuras estatales van revelando su verdadera esencia. Pero, en realidad señalan que se trata de los autoritarismos remanentes del siglo XX revestidos con nuevos ropajes.
En este giro autoritario, el informe apunta que el patrón principal consiste en el reforzamiento de los presidencialismos con la concentración de poder en los ejecutivos, la aplicación de políticas clientelistas y populistas, el uso de las tecnologías de la comunicación y las redes sociales para resaltar las figuras presidenciales, así como sus proyectos de continuidad.
El caso icónico, señalan es el del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quién ha llevado a cabo un proceso acelerado de construcción de imagen para relevar su figura utilizando las redes sociales y generando una opinión pública favorable mayoritaria entre la población a partir de su política de seguridad.
Daniel Ortega y Rosario Murillo han seguido un derrotero similar en Nicaragua, concentrando todo el poder y promoviendo el culto a la personalidad de ambos.
En los demás países es posible identificar características similares, tal como se puede apreciar en los casos de Costa Rica (Rodrigo Chaves) y Honduras (Xiomara Castro).
De forma simultánea explican que estos proyectos autoritarios han avanzado aceleradamente en el control y subordinación de los demás poderes estatales rompiendo el balance e independencia entre ellos.
Afirman que Nicaragua es el más crítico de los casos considerando que el régimen de los Ortega-Murillo ha impuesto su control total sobre el aparato legislativo con una bancada mayoritaria y la participación de partidos políticos colaboracionistas, de manera que las iniciativas de ley enviadas por el ejecutivo son aprobadas sin objeción.
Recientemente, han tomado el control total de la Corte Suprema de Justicia y las demás instituciones del poder judicial como el Ministerio Público mediante una intervención de fuerza de la policía, la destitución arbitraria de magistrados incluida la propia presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos.
Además, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reformó la Constitución Política violentando el procedimiento establecido para trasladar el control de los registros públicos a la Procuraduría General de la República, un ente subordinado a la Presidencia.
Ortega también controla al Consejo Supremo Electoral, nombrando y destituyendo magistrados según su conveniencia a fin de que los resultados de las votaciones siempre le sean favorables. Así logró imponer su continuidad tras el fraude electoral en noviembre de 2021 y tomar control de todos los gobiernos municipales en 2022, irrespetando la voluntad ciudadana.
En Nicaragua el régimen oretguista ha subordinado a todas las alcaldías del país convirtiéndolas en aparatos ejecutores de sus decisiones y centros desde donde se ejecutan la vigilancia política y diversas actividades de control sobre la población, anulando la autonomía e independencia de las autoridades y procesos locales.
El Salvador ha seguido un derrotero similar al de Nicaragua después que Bukele irrumpiera en el parlamento en febrero de 2020 acompañado de un destacamento militar. En 2021, una vez superada la etapa más crítica de la pandemia, tomó el control de la Asamblea Legislativa cuando logró que la bancada progubernamental se erigiera como la más numerosa; eso le permitió destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía para colocar a personas.
En 2023, Bukele dispuso reorganizar la división política administrativa del país, reduciendo la cantidad de municipios de 262 a 44, una reforma que tiene implicaciones en las circunscripciones electorales.
El propósito de Bukele, según el Cetcam quedó completamente develado cuando decidió postularse para un segundo período presidencial a pesar que la Constitución se lo prohibe. El control sobre la Asamblea Legislativa ha sido clave para que Bukele avance en su proyecto autoritario y personal, pues ha contribuido a abrir las “llaves” institucionales para revestir de legalidad cada una de sus acciones.
En cuanto a Guatemala, el Cetcam se refiere al llamado “pacto de corruptos”, que ejerce el control de diferentes poderes estatales, un control que se ha afianzado durante los últimos años por la intermediación del presidente Alejandro Giammattei y que se expresa sobre todo en las actuaciones de la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia.
También indican que en los dos últimos años eso ha dado lugar a la persecución de fiscales y funcionarios públicos que investigaban casos de corrupción al más alto nivel, pero también a la persecución de periodistas.
Mientras que durante el 2023 estalló una crisis de grandes proporciones cuando la Fiscalía encabezada por Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se dedicaron a perseguir al Movimiento Semilla, al presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electra Karin Herrera, para impedir que asuman sus cargos en enero de 2024. Para ello han utilizado diversas argucias legales e institucionales que incluyen el allanamiento del Tribunal Supremo Electoral y el secuestro de material electoral.
Agregan que Honduras también ha atravesado por varias crisis institucionales desde que asumió la presidencia Xiomara Castro en 2022, debido a las pugnas de poder entre los partidos y las estructuras tradicionales de poder y los partidarios del gobierno.
La presidencia del Congreso, la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y la elección del Fiscal han sido algunos de los
momentos críticos que han revelado las pugnas por el control de los poderes estatales.
Mientras tanto, en menor grado que en el resto de la región, en Costa Rica se han presentado fricciones entre el presidente Rodrigo Cháves y otros poderes estatales como la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la emisión de decretos que excedían las facultades presidenciales.
Estos nuevos autoritarismos han enfilado su poder en contra de actores que se atreven a interpelarlos o que se han convertido en obstáculo para avanzar en establecer sus proyectos políticos. Uno de los recursos más utilizados es la persecución penal ilegítima; es decir, la instrumentalización de la justicia para perseguir a los opositores o adversarios.
Eso ocurre abiertamente en Nicaragua y El Salvador, donde se persigue a medios de comunicación, defensores de derechos humanos, funcionarios que se oponen la discrecionalidad, líderes de oposición y activistas sociales.
Mientras que en Guatemala se persigue y judicializa a jueces, fiscales y periodistas; algo similar ocurre con las organizaciones sociales en Honduras. En contraposición, hay permisividad para los actos de corrupción y la impunidad.
Tres de los blancos principales de este tipo de persecución son los medios y periodistas. En Nicaragua el régimen de los Ortega-Murillo
eliminó a todos los medios independientes, ha forzado al exilio, desterrado y desnacionalizado a varias decenas de periodistas de manera que controlan todo el espectro informativo dentro del país.
En El Salvador y Guatemala donde algunos periodistas y medios son objeto de vigilancia y acoso de parte de los gobiernos e incluso encarcelamiento como sucede con José Rubén Zamora, director de El Periódico de Guatemala.
En Honduras, varios periodistas han sido asesinados durante los últimos años y en Costa Rica, en diferentes oportunidades el presidente ha hecho afirmaciones confrontando a la prensa.
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