Nicaragua se sitúa como el país donde más agresiones ocurren contra mujeres defensoras. En 2022 se registraron 155 agresiones contra 17 defensoras y 35 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, según un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Según la Iniciativa, las autoridades de Nicaragua además cancelaron la personería jurídica de 30 organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
La cancelación de las organizaciones afecta tanto a las defensoras como a las mujeres «víctimas de violencia que eran acuerpadas y acompañadas legal o psicológicamente».
IM-Defensoras afirma que las agresiones, en su mayoría, fueron generadas por las autoridades públicas, es decir, por el Ministerio de Gobernación (Migob) quien se encargaba de notificar las cancelaciones. En números, esto representa que los ataques provinieron de ellos, es decir, un 58 por ciento.
En 2022, IM-Defensoras registró 768 agresiones contra 131 defensoras y 41 organizaciones en México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Registraron los asesinatos de Grisell Pérez Rivera y Jasibhe Natalie Díaz Morales en México, y Nesly Consuegra Monterroso en Guatemala.
De estas agresiones, 500 fueron ejercidas en colectivo, es decir, a grupos. Sin embargo, 154 agresiones fueron dirigidas personalmente, esto a defensoras.
La Iniciativa reporta que 112 fueron agresiones directas a organizaciones o grupos y se produjo el 56 por ciento de estas en la calle.
«Mientras que una de cada diez se perpetró a través de medios virtuales o electrónicos como redes sociales, teléfonos, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de texto. En tres de cada cuatro agresiones, identificamos elementos de discriminación por razones de género», detalla la organización.
En México, además de las 519 agresiones contra 91 defensoras y 5 organizaciones, también se registraron 23 casos de abuso sexual, que implican tocamientos y desnudos no consensuados o coercitivos, durante acciones colectivas por la defensa del derecho a una vida de violencia, según el documento.
La Policía aparece como la principal responsable de las agresiones en este país, con un 38 por ciento.
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