Países como Venezuela, Nicaragua y Cuba no están haciendo esfuerzos suficientes para prevenir la trata de personas, según un informe divulgado el jueves por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El Departamento de Estado señaló que «El Gobierno de Venezuela no cumple plenamente con el mínimo de normas para la eliminación de la trata y no está haciendo ningún esfuerzos para hacerlo, incluso considerando el impacto del COVID-19», lo que lo ubica, según los datos compilados en el Nivel 3 en que se encontraba en enero de 2019.
El informe anual del Departamento de Estado asegura que la pandemia del COVID-19 provocó un aumento en la cantidad de personas expuestas a la trata de personas, y también la interrupción de programas de diversas organizaciones en el mundo para atender a las víctimas debido a que tuvieron recortes en los presupuestos.
El documento también llama la atención sobre aquellos países que no solo no contribuyen a reducir el tráfico de personas, sino que lo patrocinan. En la lista aparecen Cuba, China, Corea del Norte, Siria, Afganistán y otros seis países.
Entre las recomendaciones priorizadas por Washingnton, el informe destaca la necesidad de «Investigar, enjuiciar y condenar a presuntos traficantes, incluidos funcionarios cómplices y cualquier persona involucrada en el reclutamiento forzoso de niños en grupos armados ilegales».
De igual modo, recomienda al gobierno de Nicolás Maduro «Capacitar a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de migración que operan en los cruces fronterizos para identificar y responder adecuadamente a los indicadores de trata».
El informe igualmente indica que el gobierno de Nicaragua, bajo el mandato de Daniel Ortega tampoco cumple plenamente «con el mínimo estándares para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo».
Asimismo explica que las autoridades nicaragüenses informaron haber iniciado una única investigación por tráfico sexual en 2020, comparado con unas seis pesquisas del año anterior. De igual modo, incluyó la consideración de que el gobierno de Ortega urgió a las agencias de empleo privadas a que se registraran oficialmente, «estableció salarios mínimos y horas máximas para adultos y trabajadoras domésticas adolescentes», y así y todo «no informó identificar trabajo forzoso en estos sectores».
El gobierno cubano, por medio de su canciller Bruno Rodríguez, rechazó en un tuit el informe y dijo que las autoridades estadounidenses “Repiten sin pudor las mentiras fabricadas durante el gob. de [Donald] Trump para justificar la agresión”.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que en vista de que el informe de 2021 hizo hincapié en la trata de personas “patrocinada por el Estado”, el mismo “documenta cómo el gobierno cubano se ha beneficiado de las misiones médicas de explotación en el extranjero, enviaron médicos y otro personal médico al exterior, no les informaron de los términos de sus contratos, confiscaron sus documentos y salarios, los amenazaron a ellos y a sus familiares cuando intentaban irse”.
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