Al comisionado general, Marcos Alberto Acuña Avilés, quien estuvo 25 años al frente de la seguridad personal de Daniel Ortega en Nicaragua, lo destituyeron de la Policía Nacional y será juzgado por el delito de desobediencia.
En un comunicado de prensa, la institución policial confirmó la destitución de Acuña y lo acusó de desobedecer «flagrantemente órdenes superiores, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana».
«En consecuencia y de conformidad a lo establecido en la Ley 872 (Ley de la Policía Nacional) y sus reformas se le impuso baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación», indica el comunicado.
En 2023, el régimen ordenó realizar una reforma a la Ley de la Policía Nacional para castigar con hasta tres años de cárcel a los desertores.
En Nicaragua, el primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Rosario Murillo, es quien dirige la Policía Nacional. Sin embargo, la institución en el comunicado no ofreció detalles sobre la desobediencia en que habría incurrido el ahora exjefe de escolta del presidente ni como puso en riesgo la seguridad ciudadana, ni donde se encuentra detenido.
La comunicación oficial señala que la Policía Nacional «es un cuerpo armado, que se rige bajo la más estricta disciplina de sus miembros, sometidos al cumplimiento de la ley, fundada en la jerarquía única y en la disciplina de sus mandos y personal».
El medio de comunicación Confidencial, que dirige el periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro, habría informado con anticipación sobre los roces que tendría Acuña Avilés con Murillo.
Acuña Avilés formaba parte del equipo policial de Ortega desde la década de 1990, cuando el dirigente sandinista era el principal líder de la oposición en Nicaragua.
Tras el retorno de Ortega al poder en 2007, lo nombraron jefe de escolta presidencial y, a lo largo de los años, ascendió de rango hasta obtener en 2014 el grado de comisionado general a través de un acuerdo presidencial.
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