Estefania Villarroel aún no cree que en tan poco tiempo pudo reunirse con su familia en Estados Unidos. La venezolana fue una de las cuatro primeras personas autorizadas para ingresar al país a través del programa de parole humanitario que abrió sus postulaciones el pasado 18 de octubre.
“Fue súper rápido, solo tomó tres días, y ya el tercer día yo tenía mi autorización de viaje”, dijo la venezolana que ingresó al país el pasado sábado, procedente de México. Su hermana, quien es su patrocinadora legal, emitió la solicitud el 20 de octubre.
En entrevista con la Voz de América, Villarroel dijo al llegar al aeropuerto de Miami, Florida, a pesar de los nervios, el proceso fluyó rápido, tras ser interrogada por un corto tiempo por funcionarios de aduanas.
Ahora, reunida con su hermana y su novio en la ciudad de Orlando, espera comenzar a trabajar pronto haciendo uso de la autorización de trabajo por dos años. “Me siento demasiado agradecida con este país que me abrió las puertas”, expresó emocionada.
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional el sábado, los primeros cuatro venezolanos que llegaron vía aérea a Estados Unidos viajaron desde México, Guatemala y Perú.
En el comunicado, el DHS indicó que ya “cientos de individuos venezolanos” han sido revisados y aprobados para viajar legalmente al país.
Al menos una decena de solicitudes han sido aceptadas, de acuerdo al conteo que ha hecho la VOA de manera independiente a través de entrevistas con beneficiarios.
El Servicio de Inmigración de Estados Unidos respondió a la VOA que todavía se encuentra revisando el número de peticiones que han recibido en la primera semana del programa.
El gobierno del presidente Joe Biden aspira beneficiar a 24.000 venezolanos bajo la única vía legal que ha dispuesto para los ciudadanos de la nación suramericana.
La medida busca restringir el ingreso irregular a través de la frontera sur, por donde entraron 187.716 personas de esa nacionalidad durante el año fiscal 2022, según los datos más recientes de la Patrulla Fronteriza.
Las cifras oficiales muestran que el ingreso irregular de venezolanos aumentó un 293 % entre el año fiscal 2021 y 2022, mientras que el de todas las demás nacionalidades combinadas un 45 %.
Según el análisis del DHS, la medida anunciada el 12 de octubre “ya ha reducido la entrada ilegal de venezolanos en nuestra frontera en más del 85 %, demostrando que, cuando hay una forma ordenada y legal, la gente estará menos inclinada a poner sus vidas en manos de contrabandistas”.
Bajo la nueva normativa, los venezolanos que ingresan de manera irregular serán deportados inmediatamente a México.
En ese país, miles de migrantes venezolanos en tránsito han tomado distintos caminos: algunos aplicaron al proceso de parole humanitario y aguardan por una respuesta, mientras otros desistieron y abandonaron el país rumbo a Venezuela.
En Guatemala, un promedio de 200 migrantes venezolanos se aglomeran diariamente en busca de ayuda para regresar a su país, según informó la representación diplomática del opositor Juan Guaidó en ese país.
“Estamos colapsados, pero dando salvoconductos y cartas voluntarias de salida del país para que nuestros hermanos venezolanos puedan regresar a Venezuela o donde tengan residencia, en particular en Colombia y Chile”, escribió Romero en su cuenta de Instagram.
La aplicación de la norma por parte de México y Estados Unidos ha sido criticada ampliamente por grupos defensores de los migrantes, entre ellos Human Rights Watch.
Para el organismo, “la política abusiva de expulsión fronteriza” viola el derecho internacional, y la vía legal dispuesta “incluye restricciones que impedirán a muchos acceder a protección”.
Con información de la Voz de América
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