Redacción / IP Nicaragua
Un total de 15 comunitarios indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua fueron asesinados por colonos, incluyendo dos mujeres que fueron violadas y un menor de seis años, confirmó el Centro de Asistencia Legal a Pueblo Indígenas (CALPI).
Los hechos habrían ocurrido el 23 de agosto del año 2021 en horas de la tarde en la comunidad Kiwakumbaih, del territorio mayangna Sauni As, cuando llegaron los «colonos invasores de tierras indígenas y mataron a 15 personas», de estos dos pobladores mayangnas y 13 miskitu, informó el CALPI en una nota de prensa.
Los dos mayangnas asesinados fueron Albert Hernández Palacios de 21 años, originario de la comunidad Musawas y Armando Pérez Medina de 48 años de la comunidad Suniwas, ambas comunidades ubicadas en el territorio Sauni As.
Según la información del centro CALPI, un menor logró huir del lugar y fue rescatado más tarde. Durante la masacre, dos mujeres indígenas, fueron agredidas sexualmente frente a otras víctimas y sus cuerpos quedaron desnudos.
«Los colonos utilizaron armas de fuego como AK 47, escopetas, pistolas y machetes. Ante esta masacre, pedimos justicia no nos pueden seguir matando, somos personas con imagen de Dios. Nuestro territorio, que es parte de la reserva Bosawás, y los bienes naturales son nuestro patrimonio ancestral», denunció el grupo de guardabosques comunitarios pertenecientes a la organización Asangpas MailtalYang.
Los colonos son conocidos como grupos «tomatierras» que andan en las áreas de las comunidades, una situación que no es nueva según han denunciado en ocasiones anteriores líderes comunitarios.
«Llamamos nuevamente a que el gobierno de Nicaragua investigue y tome las medidas necesarias para que todos los malhechores sean castigados con todo el peso de la ley por esta matanza, llamamos a que se aplique la justicia y que se escuche nuestro clamor de parar la invasión en nuestro territorio», enfatizaron los guardabosques.
Según el centro CALPI, la oficina del Fiscal General, como parte del sistema de justicia penal de Nicaragua y en cumplimiento de su mandato legal, debe actuar en nombre de las víctimas y de la sociedad nicaragüense» sin discriminación alguna»; y así realizar los procedimientos de investigación necesarios para aclarar los hechos.
«Estos niveles de violencia y racismo están permitidos por la impunidad que enfrentan, que a su vez es generada por la discriminación estructural de las autoridades estatales y por el incumplimiento de su deber legal de investigar los hechos, juzgar a los culpables, compensar a las víctimas y garantizar la no repetición de estos crímenes contra la humanidad», puntualizan.
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