Del Caribe al exilio: el drama de los miskitos que se refugian en Costa Rica
Redacción Central
“Leina” vive desde diciembre de 2021 en una pequeña casa de madera en La Carpio, un barrio pobre y marginal de San José, Costa Rica. La vivienda, que comparte con sus cuatro hijos, consta de un solo espacio. Unas láminas de gypsum sucias y desgastadas son las únicas divisiones entre las camas y una mesa con una cocineta de un quemador. Viven apretujados pero el mayor de los suplicios de esta familia es haber huido de golpe de su natal Nicaragua, llegar a una ciudad lluviosa y en la que, para colmo, no hablan su idioma.
Ella es una líder indígena del Caribe Norte de Nicaragua. Es miskita, uno de los pueblos ancestrales más grandes de Nicaragua, el mismo que desde el año 2015 sufre la invasión de sus territorios a manos de “colonos” y empresas ligadas a industrias extractivistas. El desplazamiento forzado de los indígenas –también del pueblo Mayagna– ha sido muy violento: los “colonos” (invasores) usan armamento pesado para adueñarse de manera ilegal de los territorios ancestrales. La resistencia de miskitos y mayagnas ha sido barrida por las balas y al menos, en la última década, se contabilizan 70 comunitarios asesinados.
La líder miskita supo que enfrentarse a los colonos era inútil, en el sentido que el Estado, administrado por el Frente Sandinista, tiene colusión con los invasores. No solo no los detienen, sino que permiten el tráfico ilegal de tierras. El incansable fusil y la voracidad de los colonos primero generaron un desplazamiento interno de indígenas, a otras ciudades de Nicaragua… Sin embargo, la represión política que Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen contra todo aquel que los critique, conjugada con la crisis económica, ha generado un nuevo fenómeno: el exilio de indígenas, en especial hacia Costa Rica.
“Leina” y su familia se instalaron en La Carpio, un asentamiento devenido en barrio donde los migrantes nicaragüenses son los principales pobladores. Como en otros puntos de la capital costarricense hay establecimientos comerciales, las calles están pavimentadas, y existe una línea de autobús que pasa por el lugar. Las familias, sin embargo, viven en tugurios; se enfrentan muchas veces a la escasez de agua potable y deben lidiar con problemas de inseguridad y desempleo.
Debido a la falta de espacios y de muebles la ropa se ve amontonada sobre las pocas sillas plásticas que tiene “Leina” en la vivienda. “Cuando llueve el agua llega a veces hasta la rodilla. Son situaciones difíciles y vulnerables. No estamos en buenas condiciones”, relata la mujer. Ella no duda que ser una voz de denuncia y pedir respeto de los territorios indígenas ha costado este exilio tan complicado como precario.
La casa tiene un patio en común, con un área de lavado, que comparte con otros vecinos, pero a esta líder miskita eso no le preocupa. El costo de alquiler, la falta de comida y medicinas son las cosas que más le angustian. “Nosotros salimos por la persecución, por estar denunciando los atropellos y violaciones a nuestros derechos humanos, los asesinatos”, insiste “Leina”.
Según “Leina”, la lucha por la defensa de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes comenzó en diciembre de 1981, con la llamada “Navidad Roja”, que fue un desplazamiento de 42 comunidades de indígenas miskitos de la región nororiental de la Costa Caribe de Nicaragua desde la franja fronteriza del Río Coco con Honduras hacia el interior del país, a unas nuevas comunidades conocidas como Tasba Pri.
Ya para 1983 se dio el traslado forzoso de alrededor de 8,500 personas miskitas a nuevos asentamientos y se produjo el éxodo masivo de otras
10,000 personas miskitas que se refugiaron en Honduras, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La grave situación de derechos humanos debido a la intensificación de invasiones de tierra, actividades ilícitas vinculadas a actividades extractivas y la violencia en contra de indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe está repitiéndose en la actualidad. “Son tierras comunales y cuando ellos se adueñan solo te recetan plomo, no hay cárcel para los costeños, solo es plomo. Al ver que nuestra gente ha sido asesinada, muchos tuvieron que salir al lado de Honduras, también hay desplazamiento interno y al no tener tierra donde sembrar, con amenaza y persecución, la gente se tuvo que salir”, manifestó “Leina”. Desde 2015 a la fecha, se calcula que más de 10 mil indígenas se desplazaron a otras ciudades de Nicaragua.
300 familias desplazados a Costa Rica
En los últimos meses, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), identificó a 300 grupos familiares desplazados hacia Costa Rica. “Estas familias llegan y se asientan en zonas empobrecidas del país y a pesar que llegan a Costa Rica, estas familias siguen en situación de movilidad dentro de Costa Rica, porque si no consiguen vivienda tienen que desplazarse hacia otra zona”, confirmó Camila Ormar, abogada de Cejil.
La activista afrofeminista, Dark Ellish, originaria de Bluefields en el Caribe Sur de Nicaragua, en 2019 migró forzadamente a Costa Rica, y después voluntariamente viajó a Estados Unidos, donde trabaja por “enlazar y conectarse con otras organizaciones para poder acuerpar y acompañar y hacer un poco liviana la mochila de un migrante”.
Ellish confirma que los comunitarios a veces no tienen ni siquiera acceso a un teléfono celular para llamar y hacer su cita de refugio. “Todos tenemos un objetivo en común que es siempre posicionarnos de que las personas de la Costa Caribe están presentes, existen y resisten”, señala Ellish.
Cuando Katrin Salazar Penglas, de origen miskito, llegó a Costa Rica en 2022 con sus dos menores hijos, no dominaba bien el idioma español, aunque sí lo entendía. En ese entonces tenía 19 años y su tercer hijo lo parió en San José, donde actualmente reside.
Su salida de Nicaragua se debió a la represión y violencia que sufrió junto a su familia a manos del régimen Ortega-Murillo. La situación de hambruna y la falta de recursos económicos que estaba padeciendo en la comunidad de Aucamango, en la Costa Caribe nicaragüense, donde habitaba, también la obligaron a desplazarse.
“En el 2018 entraron fuerzas del gobierno de Ortega a mi pueblo. Decían que venían a repartir comida, pero solo ayudaban a los partidarios de ellos. Había maltrato psicológico para el indígena miskito. Esa gente acabó de dañar el ambiente de la comunidad”, dijo Salazar en un testimonio publicado en el libro Soy una persona migrante en Costa Rica y esta es mi historia por la Organización de Naciones Unidas (ONU)
Salazar obtuvo el estatus de refugiada y consiguió permiso de trabajo en Costa Rica. Asegura que migró porque era “vivir o morir”, “perder o ganar”, y espera sacar adelante a su familia, a pesar de las dificultades que ha enfrentado. “Aquí, en medio de las situaciones, puedo sonreír y nadie me va a quitar la sonrisa”, afirma la nicaragüense, quien desea aprender el idioma español para mejorar su comunicación.
Violenta colonización
En la Costa Caribe de Nicaragua los pueblos originarios siguen siendo víctimas de la colonización violenta de su territorio. Los asesinatos permanecen impunes y por la violencia y amenazas los indígenas y afrodescendientes están desplazándose. Son familias que huyen por la desprotección estatal y sufren ante la “invasión de colonos armados” a sus comunidades.
Las personas de los pueblos originarios están desplazándose inclusive a otros países como Costa Rica, Estados Unidos y Honduras.
“Los ahuyentan a balazos y eso genera terror (…) Cuando se desplazan llegan a otras comunidades, donde tampoco pueden abastecerse de sus alimentos y siguen con el temor y el terror de que los vuelvan a atacar. A veces internamente se desplazan a comunidades, pero llega un momento que no sienten seguridad y se van ya sea a Honduras”, afirma una defensora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), que también prefiere guardar anonimato.
- Puedes leer: Familias abandonan sus tierras ante presencia ilegal de colonos en territorio indígena Sang Sang
Daniel Berger es un miskito del Caribe nicaragüense, que se vio forzado a quedarse en Costa Rica, tras conocer que tenía una orden de aprehensión en su contra. Entró legal al país, con pasaporte y visa, pero tuvo que solicitar refugio y adaptarse a un medio de vida distinto, que le ha sacado las lágrimas, afirma.
“El pueblo miskito no deja su casa por así no más, pero porque hay inseguridad, situaciones humanitarias y, también, porque la situación económica es crítica en Nicaragua, hay desplazamiento masivo muy grande de los miskitos de un país a otro, no solo al sector del Pacífico, sino de Nicaragua a otros países. El desplazamiento va más allá de las fronteras y es un problema muy preocupante”, sostiene Daniel Berger.
Desplazamiento es “multicausal”
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) estima que los colonos se han tomado aproximadamente 21,000 hectáreas del pueblo miskitu, y desplazaron por la fuerza a unas 1,000 personas. Sin embargo, según organizaciones locales, es difícil calcular la cantidad de desplazados.
En 2020, el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) cifró en unos 3,000 los indígenas desplazados forzadamente de la Costa Caribe Norte hacia comunidades cercanas y Honduras, según una publicación del medio de comunicación Divergentes.
<script id=»infogram_0_4bd2c680-cb64-45e3-8921-f124b346a985″ title=»PRIMERO DESPLAZAMIENTOS» src=»https://e.infogram.com/js/dist/embed.js?3LR» type=»text/javascript»></script>
El activista nicaragüense Amaru Ruiz, defensor de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas y afrodescendientes, explica que el desplazamiento es “multicausal” por los procesos de invasión a los territorios, el aumento de la conflictividad en el Caribe Norte y el impacto de los huracanes.
“Eso ha generado desplazamientos temporales, desplazamiento dentro de las comunidades y desplazamiento externo (…) Históricamente se han desplazado hacia el Norte de Honduras, que es parte de su territorio, pero no es que ahí sea fácil por el tema del narcotráfico y estamos viendo desplazados miskitos en Costa Rica”, dijo Ruiz.
Uno de los episodios de mayor desplazamiento es el de la comunidad indígena mayangna Wilú, ubicada en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Bosawas, después del ataque perpetrado de colonos el 11 de marzo de 2023, donde mataron a cinco hombres y provocaron el desplazamiento de 47 familias conformadas por 219 personas, tras incendiar todas las casas.
“Se desplazaron a Musawas, algunos están regresando y otros se han quedado en otras comunidades. Hay otros que ya no logran sostenerse en ese territorio porque toman su finca, áreas de producción, su bosque, hay conflictos y salen fuera del país”, explica Ruiz.
Desplazamientos desde el 2015
La organización Prilaka Community Foundation (Prilaka) coincide que la invasión de los territorios de los indígenas y afrodescendientes a manos de los colonos, los fenómenos naturales, la falta de protección estatal y el contexto sociopolítico contribuye con la migración y el desplazamiento forzado de estos grupo.
Antes se desplazaban a lo interno del país, pero ahora con más frecuencia al extranjero y hay un aumento significativo en los últimos cinco años.
“El proceso de despojo y colonización interna ha llevado a una migración interna progresiva a nivel de ocupación de espacio que tiene también una implicación internacional con la migración a países vecinos”, asegura un vocero de la organización.
Prilaka asegura que en términos estadísticos, es difícil cuantificar el número de comunitarios que migraron al extranjero, pero afirman que “la migración es real” y hay quienes salen de forma permanente y otros que, en ocasiones, retornan. “Yo no me atrevería a dar un dato, es un poco irresponsable dar un dato porque no hay digamos un censo, tampoco las comunidades están reportando”, señalan.
Los primeros desplazamientos internos de los comunitarios ocurrieron en septiembre del año 2015, cuando los colonos asediaron y atacaron a comunidades como Tambarraya, Francia, Sirpi, Santa Clara Wisconsin y La Esperanza.
La violencia continuó en 2016 y con el paso de los años obligaron a muchas familias a salir de sus comunidades en busca de refugio. “Todos estos ataques, quemas, asesinatos han llevado al desplazamiento forzado de familias y ocurre como por etapas”, dice Prilaka.
El segundo momento de la invasión ocurre con la ocupación de áreas de bosque por parte de colonos no indígenas que llegaron hasta las áreas de trabajo agrícolas, “que normalmente están cerca de las comunidades”, donde se tomaron los ranchos a la fuerza.
A quienes se oponen los amenazan, hostigan, asesinan y secuestran para ocupar las áreas de cultivo, provocando el desplazamiento forzado ante la falta de acceso a alimentos y recursos económicos.
Barreras al desplazarse
Desde el año 2015, Cejil acompaña ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a 15 comunidades Mayangnas y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua para que se les brinden medidas de protección por los diferentes hechos de violencia que sufren.
“Hemos documentado diferentes hechos de violencia que abarcan desde masacres (…) quemas enteras de comunidades invasión de tierras comunales, desplazamiento forzado, hechos de violencia sexual, agresión física directa incluso a niños, secuestros por parte de colonos, amenazas de muerte, crisis humanitaria”, afirma Camila Ormar, abogada de Cejil
Katherine Bans Matamoros, de origen miskito, enfrentó la barrera del idioma en Costa Rica, país al que llegó en 2021, debido a la criminalización contra el activismo y la imposibilidad para cursar una carrera universitaria. “Como soy costeña y tengo otro dialecto (miskito) es como más complicado, en Managua hay bastantes que hablan mi dialecto, pero ya estando en otro país es diferente y es lo es lo que da tristeza, porque no tenemos con quién hablar”, dice a IP Nicaragua.
Era su segunda migración, pues en 2020 se desplazó desde lo interno de la ciudad de Puerto Cabezas, en la Costa Caribe Norte, hacia Managua en busca de estudios.
Después de dos años encontró en Costa Rica a más personas de la etnia miskita que se han organizado como un grupo de la Costa Caribe en el exilio para preservar su cultura, dialecto y apoyarse mutuamente. “Hemos hecho muchas cosas para revivir nuestra cultura, pero no se siente igual”, confiesa.
Un cambio radical
Fundación del Río realizó un diagnóstico a 25 familias miskitas para evaluar las condiciones en que se encuentran en Costa Rica. Y tras perder el acceso a su territorio, se concluyó que los desplazados “no logran insertarse rápidamente en las ciudades”.
“Es un cambio radical y no están accediendo a los trabajos, hay empleos informales y no logran establecerse”, dijo Ruiz.
La migración en Nicaragua experimentó un aumento acelerado en los últimos cinco años con la crisis sociopolítica que ocurrió en el año 2018 y que trajo consigo una ola de represión, criminalización y problemas en la economía nacional.
Al menos 605,043 nicaragüenses abandonaron el país en los últimos cinco años, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reveló en agosto pasado que hasta finales de 2022 había 285,000 nicaragüenses refugiados y solicitantes de asilo distribuidos en toda la región de las Américas.
Costa Rica es uno de los países de destino de las personas migrantes, “sobre todo aquellas que provienen de Nicaragua”; lo que también provocó que en 2021 y 2022 se registrara la mayor cifra de solicitantes de asilo en ese país.
La organización Prilaka asegura que la migración para indígenas y afrodescendientes tiene sus implicaciones culturales y también sociales porque “se enfrentan a un mundo muy distinto al que pertenecen”. También hace énfasis en las dificultades que enfrentan los adultos mayores y las mujeres indígenas y afrodescendientes por el desafío de adaptarse.
Frente a un Estado que no brinda protección a estos pueblos no se descarta que sigan los desplazamientos.
“El interés principal del Estado de Nicaragua es apropiarse de la tierra, los recursos naturales y todo lo que es propiedad del pueblo miskito, esa es la intención, eso es una agenda del Estado que viene desde que Nicaragua tuvo su independencia y Daniel Ortega la colonización la quiere hacer a la carrera”, concluye Daniel Berger.