El 8 de junio de 2021, la líder opositora y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera fue detenida. Al menos 35 oficiales entraron a su residencia, la esposaron y la dejaron bajo custodia policial.
La noche del 11 de junio los agentes sacaron a Granera de su casa y la llevaron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote”.
Granera nació en 1952, es socióloga de profesión. Fue directora del Movimiento por Nicaragua en 2007, y excandidata a la vicepresidencia por la Coalición Nacional por la Democracia en el 2016.
La activista también fungió como Coordinadora Nacional del Frente Amplio por la Democracia (FAD) y surgidas las protestas de 2018 se involucró con la UNAB.
En el marco de las protestas antigubernamentales brindó refugio en su casa a personas “víctimas de la violencia”, pero debido a los mensajes amenazantes que le decían “sabemos que estás hospedando opositores en tu casa”, dejó de hacerlo.
El 23 de agosto de 2019 la CIDH otorgó medidas cautelares por las constantes amenazas recibidas, incluso en contra de su hijo Julio Eduardo Sandino.
“El pueblo de Nicaragua ha hecho un gran sacrificio y una enorme contribución para ir apretando el cerco y lograr que Daniel Ortega entienda que tiene que irse”, dijo Granera en julio de 2020 cuando celebró las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Juan Carlos Ortega Murillo.
El 19 de octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Nicaragua la libertad de forma “inmediata” de la defensora de derechos humanos María Oviedo Delgado, quien está presa desde el 29 de julio de 2021.
La resolución de la Corte IDH refiere que la detención de la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) tiene “implícito un mensaje intimidatorio”.
Su detención está orientada a “disuadir y silenciar a toda persona que ejerza una crítica contra el régimen nicaragüense en legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”, concluyó el tribunal extranjero.
Desde el inicio de la crisis sociopolítica la abogada desarrolló un incansable trabajo en defensa de las personas detenidas injustamente por el régimen.
En 2020, la abogada ejerció la defensa técnica de los presos políticos de la Isla de Ometepe, cuyo caso estuvo plagado de irregularidades, denunció la defensora de derechos humanos.
El 26 de julio de 2019 fue detenida de manera arbitraria por defenderse de un policía que la agredió mientras llevaba a cabo su trabajo de acompañamiento a un preso político en Masaya.
Fue acusada por el delito de “obstrucción de funciones” y el 2 de septiembre de ese año fue suspendida en el ejercicio de sus funciones como abogada por un periodo de seis meses.
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