* Algunos activistas de derechos humanos han visto la muerte de cerca durante ataques de la Policía.
ERNESTO GARCÍA
Al igual que hace 43 años (1977), cuando se fundó la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), primer organismo no gubernamental dedicado a esta loable labor, el trabajo sigue siendo riesgoso.
«Riesgosa y de alto peligro son las palabras que mejor definen la situación de quienes defendemos y promovemos los derechos humanos en Nicaragua”, aseguró el abogado Pablo Cuevas, asesor jurídico de la CPDH.
Lo peligroso de esta loable labor se agravó en Nicaragua a partir de abril de 2018.
Desde ese entonces, promotores y funcionarios en un número estimado de 12, se han tenido que exiliar para evitar la represión del régimen de Daniel Ortega.
Durante estos 25 meses los activistas de los derechos humanos han visto morir a otros y también han sentido la muerte bajo el fuego de las balas, subrayó Cuevas.
En el caso de la CPDH, dos de sus tres activistas condenados a 10 años de prisión, de los cuales estuvieron 11 meses y 25 días en prisión, están en el exilio. El tercero vive en la clandestinidad, huyendo del asedio de policías y parapolicías, precisó Cuevas.
Del staff de abogados de la CPDH que defendieron a los reos políticos cuando iniciaron los juicios, también se exilió la abogada Además, varios activistas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también tuvieron que exiliarse.
En el caso del Cenidh, sus instalaciones fueron asaltadas por la Policía y la personería jurídica cancelada en diciembre de 2018, por la Asamblea Nacional, que es controlada por el oficialismo.
Pablo Cuevas relató que el 20 de abril de 2018, él y otros nueve funcionarios de la CPDH vieron la muerte de cerca, cuando unos 40 policías dispararon a mansalva contra un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
«Ese día vimos caer heridos de muerte a estudiantes y los otros a como pudimos nos capeamos», recordó Cuevas.
Pasados 25 meses después de la insurrección cívica de abril de 2018, Pablo Cuevas señaló que la persecución y el asedio a los defensores de derechos humanos sigue vigente.
El abogado Julio Montenegro, de los denominados Defensores del Pueblo, manifestó que dos años después del levantamiento popular, considera que la labor de los defensores de derechos humanos en Nicaragua sigue bajo riesgo.
«No se nos permite ingresar a las cárceles a ver la situación de los reos políticos; no se nos permite dar acompañamiento en las estaciones de Policía a quienes son citados injustificadamente», aseguró Montenegro.
El activista de los derechos humanos destacó que tampoco ellos han escapado del asedio de policías y parapolicías.
El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH) en todos sus informes en relación a la situación de Nicaragua, han demandado al Estado que brinde protección y respeto al trabajo de los defensores de los derechos humanos.
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