Redacción / IP Nicaragua
El pasado 2 de julio, la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios y del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, cumplió un mes de permanecer bajo arresto domiciliar en su residencia La Guadalupana, ubicada al sur de Managua.
En el exterior, la residencia permanece rodeada por oficiales de la policía, quienes no permiten el ingreso ni siquiera de su abogada defensora Orietta Benavides.
Haberle dicho oficialmente “Sí a Nicaragua” el pasado 12 de febrero, llevó a Chamorro a ser víctima de una campaña de desprestigio, persecución, hostigamiento y hasta encierro al revivir la esperanza de derrotar al gobernante Daniel Ortega como hizo su madre en 1990.
El 2 de junio de 2021, la jueza Karen Chavarría Morales, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró orden de captura contra Chamorro y el allanamiento de su residencia.
El allanamiento duró más de cinco horas y Chamorro Barrios, quien se encontraba sola con su hija en ese momento, quedó sin internet y le fueron ocupados todos sus aparatos tecnológicos, desde memorias USB hasta celulares personales.
La abogada defensora de Chamorro Barrios explicó que “hasta el momento Cristiana sigue bajo medida de arresto domiciliar y el proceso suspendido”.
Benavides, quien ha tenido un único encuentro con la aspirante presidencial desde que está encerrada en su residencia, también denunció que no han tenido acceso al expediente, por lo que no conocen la acusación formulada por el Ministerio Público.
Por el momento, la Policía solo permite el ingreso a la residencia de los hijos de la precandidata opositora, pero por espacio de algunos minutos.
La influyente periodista opositora fue la primera aspirante presidencial detenida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de un grupo de cinco personas detenidas a la fecha.
En mayo pasado, el Ministerio de Gobernación citó a Chamorro para que respondiera a las sospechas de que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) estaba lavando dinero al encontrar irregularidades en los informes financieros de esta organización en el periodo 2015-2019.
En los días posteriores, Chamorro fue llamada por el Ministerio Público juntos a los excolaboradores de la fundación Marcos Fletes y Walter Gómez.
El 1 de junio de 2021 fue acusada oficialmente por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.
El gobierno de Ortega, además encarceló a dos exfuncionarios de la FVBCH, Marcos Fletes y Walter Gómez, ambos cumplieron este lunes 38 días de arresto en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como “El Chipote”, ubicadas en las afueras de Managua en el barrio Memorial Sandino.
Por este caso, además el Ministerio Público ha citado y entrevistado a más de 20 periodistas, directores y exdirectores de medios de comunicación independientes.
El pasado 28 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Chamorro Barrios y tres exfuncionarios de la FVBCH, entre ellos Fletes y Gómez, además de la periodista Lourdes Arróliga.
La FVBCH, organización no gubernamental fundada y dirigida por Chamorro Barrios que se dedicó por más de 20 años a promover el periodismo independiente y la libertad de prensa en Nicaragua, cesó operaciones el 5 de febrero de 2021, porque afirmaron que no se someterían a la Ley de Agentes Extranjeros aprobada por la Asamblea Nacional en octubre de 2020.
Chamorro expresó en ese momento, que al someterse a esa ley estarían “renunciando a nuestra ciudadanía nicaragüense».
Doña Violeta Barrios de Chamorro, madre de la aspirante presidencial ahora detenida, derrotó al gobierno sandinista en las elecciones de 1990, mientras que su padre, un férreo opositor de la dictadura dinástica de los Somoza (1936-1979) fue asesinado a tiros en una calle de Managua en 1978.
Cristina Chamorro, es la tercera hija de cuatro hijos de Pedro Joaquín Chamorro y Violeta Barrios, quién hoy está bajo un proceso judicial abierto que le impide participar en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre.
Su detención ha desatado una condena internacional, incluyendo gobiernos de izquierda como México y Argentina.
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