El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) concluyó que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, junto a altos funcionarios del régimen deben ser «sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes».
«Nicaragua también debe responder por su posible responsabilidad estatal“, indica el GHREN en un nuevo informe presentado este jueves 29 de febrero, en Ginebra, Suiza, al concluir el segundo año de investigación.
El Grupo tiene «motivos razonables para creer que, durante el período que abarca el informe, se han perpetrado en Nicaragua los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento y deportación”, afirman.
Durante la presentación del segundo informe, el presidente del GHREN, Jan Simon, señaló que el régimen Ortega Murillo “persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”.
En esta ocasión, los expertos del GHREN identificaron dentro de la estructura de mando de la represióna algunos funcionarios del régimen.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; a la fiscal general Ana Julia Guido; el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar y el viceministro del Interior, Luis Cañas, aparecen dentro de la estructura.
El GHREN es un organismo independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Se estableció en marzo de 2022 y tiene la tarea de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
El grupo determinó que las «violaciones y abusos constituían un ataque sistemático y generalizado contra la población civil».
Agregaron que esos ataques se llevaron a cabo «mediante una política discriminatoria promovida por las autoridades del Estado al más alto nivel para mantener el poder y reprimir cualquier forma de disenso». «Se determinó que estas violaciones y abusos eran compatibles prima facie con los elementos que constituyen la
prohibición internacional y la definición de crímenes de lesa humanidad del derecho internacional penal», dijeron.
La abogada, Wendy Flores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aprovechó su participación oral ante el Consejo de Derechos Humanos para recordar la impunidad de los más de 350 asesinatos ocurridos en las protestas de 2018.
A esa situación, se suma el destierro sufrido por 222 personas excarceladas y desnacionalizadas el 9 de febrero de 2023, la desnacionalización y expropiación de 94 activistas y defensores de derechos humanos, la mayoría exiliadas.
«Estos actos dirigidos desde el Ejecutivo, han sido posibles por la participación activa del poder judicial, el legislativo e instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el ahora Ministerio del Interior, que conjuntamente mantienen la vigilancia, persecución e impunidad de estos crímenes», agregó Flores.
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