Redacción / IP Nicaragua
El gobierno de Daniel Ortega va rumbo a convertirse en un gobierno de facto y sin legitimidad a partir del próximo 10 de enero de 2022, valoraron analistas políticos que coinciden que las consecuencias que enfrentará el régimen a nivel internacional serán graves.
El 12 de noviembre de 2021 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró ilegítimas las elecciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua.
Las consecuencias de tener un gobierno ilegítimo fueron analizadas por más de 35 organizaciones que conforman el Mecanismo de Coordinación de Nicaragüenses Exiliados y Diáspora en Costa Rica que promueve el organismo civil Hagamos Democracia.
“La dictadura Ortega Murillo se enfrentará a serias y graves consecuencias a nivel internacional luego de realizar unas votaciones consideradas una farsa electoral porque no fueron libres, justas y transparentes por tal razón fueron consideradas ilegítimas”, señaló Hagamos Democracia en una nota de prensa.
“Después del 10 de enero del 2021 en Nicaragua se establecerá un régimen sin ninguna ley y sin ningún piso de legalidad”, agregó el organismo.
En el foro participaron Héctor Mairena, abogado y periodista, y Santiago Urbina profesional de relaciones institucionales.
Los analistas coincidieron que “la dictadura Ortega Murillo está derrotada”, porque ellos trataron de vender unas elecciones electorales que les permitiera tener legitimidad a nivel internacional, pero la resolución de la OEA es clara y dejó a la dictadura sin «poder maniobrar”.
La resolución de la OEA aprobada en el marco de su Asamblea General contó con 25 votos a favor, 7 abstenciones y 1 voto en contra (Nicaragua) y en ella los países declaran que “en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
El pasado 19 de noviembre el canciller de Nicaragua Denis Moncada anunció la salida del país centroamericano del foro regional y al mismo tiempo denunció la Carta de la OEA, iniciando así la ruta del proceso de salida del organismo.
Mairena dijo que desde el 2016 cuando fue denunciado uno de los fraudes electorales en Nicaragua comenzó la atención internacional hacia el país, por parte de dos comunidades importantes como fue la Unión Europea y Estados Unidos.
“Nicaragua ha estado en el centro de la atención de la Unión Europea y sus instituciones y eso refleja la preocupación de lo que pasa en Nicaragua y la situación de gravedad va a tener una serie de consecuencias muy graves”, expresó Mairena.
Urbina analizó el apoyo que el gobierno español ha dado al pueblo nicaragüense ante las constantes violaciones de derechos humanos.
«El gobierno español ha sido muy prudente desde el momento que inició la crisis, pero inmediatamente que las cosas se comenzaron a evidenciarse España ha sido muy puntual en defender la necesidad y la protección de los derechos humanos”, manifestó Mairena.
Además manifestó que “la comunidad internacional no va apoyar una solución por la vía de las armas, va a apoyar una solución que pase por unas nuevas elecciones y España ha tratado de acercarse a través de sus representantes y de terceros países para ayudar a contribuir una solución, pero encontraron una puerta cerrada por parte de la dictadura”.
Los analistas manifestaron a estos grupos de exiliados que la oposición tiene grandes desafíos, pero uno en común como es la unidad entre todas las fuerzas opositores, pero también de los mismo exiliados.
“La dictadura está a la defensiva y el primer desafío de la oposición es buscar la unidad con objetivos concretos para buscar la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados y la restitución de las libertades para buscar elecciones libres con las garantías internacionales y para esto debemos mantenernos en resistencia y cristalizar esa unidad opositora” dijo Mairena.
Urbina agregó que la oposición nicaragüense debe de “dar espacios a nuevas voces, a nuevas ideas y a nuevas personas”.
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