En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hay un ambiente de zozobra, luego que en esta última semana desfilaran de su oficina desde magistrados, que incluye a la Presidenta de este poder estatal, Alba Luz Ramos, hasta personal administrativo.
Las destituciones y despidos en la CSJ han ido escalando, tras la intervención policial que dirige el comisionado general en retiro, Horacio Rocha, actual asesor presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con rango de ministro en temas de seguridad nacional.
El pasado 24 de marzo, la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ habría sido sacada de su oficina y enviada, junto con su personal de trabajo, a sus casas.
Un día después se conoció que la magistrada orteguista Yadira Centeno también fue desalojada de su oficina en el alto tribunal y enviada a su casa. A esta lista se sumó, la magistrada Adda Benicia Vanegas Ramos, de la Sala Penal Especializada en Violencia y Justicia de Adolescentes del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), quien fue destituida junto a su hija, que fungía como su asistente.
En los pasillos de la Corte Suprema de Justicia hay un extremo silencio y zozobra desde el martes 24 de octubre.
Un funcionario dice que el ambiente, apenas te permite respirar. “Caras largas, aterradas”, describe. “Todo el mundo está en su escritorio, nadie habla con nadie”, filtra para este reporte.
A través de sus redes sociales, el abogado y exfuncionario del poder judicial, Yader Morazán, ha reportado la semana pasada, el despido de Berman Martínez, de su puesto como secretario general administrativo de la CSJ. Sin embargo, su caída empezó a finales de septiembre, cuando fue destituido de su cargo político como secretario de organizaciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Martínez era considerado “el segundo al mando” después del magistrado Marvin Aguilar.
Entre los directivos despedidos, Morazán también señala a Sergio Lazo, quien fue teniente coronel; fue secretario de una de las Unidades de Victorias Electorales (UVE) y responsable de la División de Administración de Personal a nivel nacional.
También reportan despidos a todos los directivos de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de ese poder del Estado, que va desde su director, hasta las dependencias a su cargo: División de Sistemas Jurisdiccionales y Administrativa, División de Sistemas Registrales, División de Soporte Técnico y División de Redes y Comunicaciones.
A criterio del Carlos Murillo Zamora, experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), la represión desatada en la CSJ deja claro que el régimen ya no confía más “en ciertos operadores” que un día le juraron lealtad. “La confianza se quebró”, señaló el especialista.
Murillo Zamora cree que Ortega y Murillo, les ha perdido la confianza y se adelantan a la posibilidad de una implosión dentro del poder judicial que se extienda a todas las instituciones del Estado y pronosticó más represión contra aquellos funcionarios que ya no sean considerados de confianza dentro de las estructuras del orteguismo.
“Es claro aquí que Daniel Ortega y Rosario Murillo, pierden en cualquier momento la confianza entre su gente y entonces sacarán de en medio a aquellos que crean son una amenaza. Hay que recordar que este es un régimen sultánico, en donde cualquiera que cuestione cualquier idea, ya sea por un criterio técnico o pueda pegarse a la ley, están en contra de la pareja presidencial”, explicó el analista.
El catedrático agregó que «donde haya amenazas, ahí irá la represión, así sea en el Ejército. Si el régimen cuenta con otros leales como en este caso el general Julio César Avilés, jefe de la Institución que a inicios del pasado mes de septiembre le juró lealtad, entonces reprimirá”.
“Esto se va a extender, no solo en el poder judicial, se va a extender a cualquier instancia incluido, por supuesto los militares y los cuerpos policiales y cada vez, Ortega y Murillo irán cerrando el círculo, estrechándolo más y en la paranoia en la que viven no van a permitir nada porque creen que todos están tratando de derrocarlos”, insistió Murillo Zamora.
Para el político Luis Fley, quien dirige en el exilio a la opositora Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), las medidas contra la CSJ es una «peligrosa advertencia» al resto de sus simpatizantes en el Estado. “Esto es: se alinean o los alineo ¿Están o no conmigo? Y quienes están conmigo, tienen que hacer lo que yo les ordeno o sufren”, dijo el opositor.
A la vez, Fley advierte sobre el avance desmedido de un «Estado totalitario» que está demoliendo al país”. “En otro país, esto sería grave, pero en Nicaragua, el régimen normaliza lo que es ilegal, solo da una orden y los policías rodean al funcionario”, agregó.
Algunos funcionarios de la CSJ han jugado un papel represivo y violatorio de los derechos humanos durante los cinco años de crisis sociopolítica del país.
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