El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas publicó una lista actualizada para un total de 78 personas reconocidas como presos de conciencia en Nicaragua, 14 más en comparación al informe anterior, entre ellos un sacerdote y al menos 10 personas pertenecientes a la feligresía y/o trabajadores de oenegés católicas.
«Existe un subregistro de la cifra total de todas las personas presas políticas en Nicaragua debido a falta de acceso a la información pública y como consecuencia del ambiente de represión y amenaza a partir del estado policial que vive Nicaragua», advierte la organización.
«Continúa el patrón represivo para la criminalización de la libertad de culto», señaló el Mecanismo que destaca a 12 mujeres y 66 hombres —incluyendo 10 presos políticos detenidos previo a 2018— detenidos por razones políticas.
En este periodo se registraron 5 nuevas detenciones en el país centroamericano, entre el 20 de junio y el 31 de julio de 2023, período que abarca el informe, de los cuales uno sigue en prisión de forma arbitraria.
«Las personas añadidas a la lista fueron en su mayoría detenidas de manera arbitraria durante la escalada represiva del mes de mayo 2023, dirigida a miembros de la Iglesia Católica, miembros del clero religioso, opositores y activistas políticos que aún permanecían en el país y estaban vinculados a algún espacio social o político», advierten.
En Nicaragua, las amenazas y hostigamientos dirigidos hacia la población no cesan y se manifiesta a través de «visitas
domiciliarias de agentes de la Policía Nacional, quienes interpelan a los residentes acerca de sus actividades cotidianas».
«Teléfonos móviles y computadoras de los residentes son inspeccionados sin presentar orden o justificación alguna. Frente a las inquietudes planteadas, los agentes simplemente responden que se encuentran bajo investigación», refiere el Mecanismo.
Con respecto a los detenidos arbitrariamente, el Mecanismo constató que los aprehendidos han permanecido en lo que se ha denominado desaparición forzada por ocultamiento de paradero durante semanas y meses», instaurando de esa manera el miedo a denunciar.
«Al cierre de este informe, se encuentran más de 20 casos en estudio e intentando lograr un contacto con las familias afectadas, lo cual dificulta la tarea de registro y reconocimiento como tal», señalan.
De acuerdo con el informe, 14 personas expresas políticas volvieron a ingresar al registro tras ser capturadas y judicializadas nuevamente por motivos políticos.
En este periodo, aumentó a 15 el número de personas presas políticas en celdas de reclusión diferenciada: 6 personas del contexto de 2018 en adelante y 9 del contexto previo a 2018
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