*Organizaciones nacionales e internacionales conforman esta iniciativa que pretende poner en marcha procesos de rendición de cuentas en casos de abuso de poder.
Redacción IP / Nicaragua
En una apuesta para lograr justicia internacional, un grupo de oenegés nacionales, con el apoyo de organizaciones internacionales, conformaron la Coalición por la Justicia en Nicaragua (CJN), una iniciativa que busca poner fin a los pactos y las amnistías como mecanismos de transición en Nicaragua.
La iniciativa demanda la puesta en marcha de “procesos de rendición de cuentas en relación con los eventos de abuso de poder, de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que acontecen en Nicaragua”, particularmente los hechos violentos ocurridos a partir de 2018.
Según el CJN, entre 1821 y 2019 se han promulgado 52 amnistías e indultos de “carácter políticos”, cada una con distintas características y contextos diferentes, pero que buscan “poner punto final a conflictos armados o saldar las rivalidades entre caudillos criollos o cúpulas de poder”, pero ninguna contribuyó a cimentar el Estado de derecho.
“Las amnistías en Nicaragua han sido instrumentos de los bandos vencedores, que han basculado más hacia evitar un mal proyectado -una nueva guerra o una amenaza real o fabricada- que hacía lo que se quería fomentar, la concordia y la convivencia pacífica”, destaca la coalición.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el colectivo Nicaragua Nunca Más, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y otras organizaciones nacionales que por estar dentro del país prefieren el anonimato, conforman el CJN.
Las organizaciones nacionales cuentan con el apoyo de organismos internacionales como el Grupo de Apoyo de Holanda.
Investigar y sancionar
La CJN, partiendo de la autonomía de cada una de las organizaciones participantes, pondrá en marcha acciones conjuntas que promuevan la justicia en Nicaragua.
“El deber de investigar y sancionar a las personas responsables de los crímenes y la necesidad de establecer mecanismos y recursos efectivos de justicia y de rendición de cuentas para satisfacer los derechos de las víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos, hacen parte de las obligaciones internacionales del Estado nicaragüense”, refieren en un comunicado.
A partir de abril de 2018, Nicaragua se vio sumergida en una crisis que dejó como saldo 328 nicaragüenses asesinados, más de 2,000 personas heridas y más de 100 mil exiliados.
Dos años después, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no da muestras de querer contribuir a superar esa crisis; por el contrario, mantiene el asedio y hostigamiento contra todo aquél que considere un opositor.
Para la CJN, la salida pacífica de la crisis que padece Nicaragua desde abril de 2018 esta vez debe ser diferente.
“Los nicaragüenses merecemos romper el círculo vicioso en el que parecemos estar atrapados desde que nacimos como Estado hace 199 años, desde entonces, el país se ha visto desangrado por una concatenación de conflictos armados y pactos políticos que han llevado a amnistías”, señalan.
Las amnistías, agregan, han impedido conocer la verdad de lo ocurrido y han garantizado la impunidad a responsables de graves violaciones de derechos humanos.
La semana pasada, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 “ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos” en el país.
“La impunidad une al delito con el poder y acarrea la responsabilidad no solo de los perpetradores de la violencia, sino de quienes los amparan”, señala la CJN.
