*En la última semana recibieron 10 casos de excarcelados políticos que son asediados y perseguidos.
Redacción IP Nicaragua
Las 537 denuncias que recibió la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en los primeros seis meses del año, tienen en común las amenazas de muerte que recibieron por fanáticos del gobierno de Daniel Ortega.
“Estamos hablando de persecución, amenazas, asedio, ciudadanos que por (emitir) opiniones políticas y que al fin y al cabo son amenazados y asediados por personas afines al gobierno”, explicó la abogada Karla Sequeira, de la CPDH.
La mayoría de los casos son denuncias que interpusieron personas excarceladas políticas, que son perseguidos y asediados constantemente, además de ciudadanos comunes que también han denunciado sus casos ante este organismo de derechos humanos.
“Son personas que reciben amenazas de muerte a través de las redes sociales o que son asediados por la Policía enfrente de sus casas. Es acoso que está viviendo la ciudadanía en general por parte de personas que son afines al gobierno”, señaló Sequeira.
En la última semana, según la abogada de la CPDH, se han recibido 10 denuncias de exclusivamente excarcelados políticos.
El caso de Lenín Antonio Salablanca Escobar, originario de Juigalpa, denunció las amenazas de muerte que ha recibido por parte de paramilitares y el asedio de los policías en reiteradas ocasiones cuando sale a trabajar.
“Existen unas grabaciones donde me amenazan de muerte, no solamente a mí, sino que me dicen que me tienen vigilado a mí, a mí familia, que saben dónde vivo y en cualquier momento van a llegar a quebrarme”, denunció Salablanca.
Salablanca Escobar fue detenido el 18 de agosto de 2018 cuando se dirigía a una manifestación en Santo Tomás, Chontales. Estuvo confinado, incluso en celdas de máxima seguridad en el Sistema Penintenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo hasta junio de 2019, cuando recibió la libertad bajo la famosa Ley de Amnistía.
Desde que fue puesto en libertad en varias ocasiones, ha sido retenido por oficiales de policía a quienes denunció por robarle 7 mil córdobas y un celular, además de golpearlo.
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“De acuerdo a lo que está pasando en nuestro país, queremos invitar a la población a no tener miedo, me he identificado en Juigalpa, Chontales, como una persona opositora al gobierno; también me identifico como una persona cívica y pacífica”, dijo Salablanca Escobar.
Las personas afines al gobierno han hecho circular listas donde señalan que cada uno de ellos “van a salir asesinados de una u otra forma”, denunció la abogada de la CPDH.
“Nosotros como CPDH hacemos una alerta, también a la población y todas aquellas personas que han sido privadas de su libertad, que están siendo asediadas y amenazadas por parte de la Policía y personas afines al gobierno, que es importante poner la denuncia”, enfatizó.
Según Sequeira, después de recibir la denuncia, el organismo procede a hacer los trámites “suficientes y necesarios” para que cada uno de los denunciantes, según lo amerite el caso, tenga medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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