En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Nancy Hernández López, denunció este miércoles el “desacato permanente” del gobierno de Nicaragua a las medidas provisionales dictadas por el Tribunal para proteger a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
En su intervención, Hernández advirtió que la negativa del régimen de Ortega a acatar las decisiones de la Corte representa una amenaza directa al sistema interamericano de derechos humanos.
“Muchas de estas personas han sido privadas de libertad, despojadas de su nacionalidad, documentos y propiedades, generando condiciones de apatridia y lo que hemos llamado muerte civil”, dijo la magistrada desde la sede de la OEA en Washington.
Entre junio de 2021 y marzo de 2025, la Corte emitió 19 resoluciones de medidas provisionales en favor de 122 personas, con el fin de proteger su vida, integridad y libertad. Sin embargo, según el informe presentado, al menos 15 de esas personas permanecen detenidas en condiciones extremas, sin que Nicaragua haya remitido información sobre su situación.
La presidenta del Tribunal destacó que la represión ejercida por el régimen “no responde a finalidades penales legítimas, sino que obedece a una lógica de represión política”, lo cual ha sido reiterado en distintas resoluciones del órgano judicial.
Pese a la gravedad del caso, el Estado nicaragüense no compareció ni presentó informes en la audiencia pública convocada por la Corte en febrero de este año, donde sí participaron la Comisión Interamericana y representantes de las personas beneficiarias.
“El incumplimiento sistemático de las medidas dictadas por esta Corte constituye una violación estructural del orden jurídico interamericano que exige una respuesta firme y coordinada por parte de los Estados miembros”, sostuvo Hernández.
La denuncia de la Corte fue respaldada por varias delegaciones presentes, entre ellas Canadá, Costa Rica y Estados Unidos, que coincidieron en la gravedad de la situación y llamaron a una reacción colectiva.
La delegación canadiense calificó la presentación como una “contribución significativa para lograr justicia y transparencia” y subrayó que, aunque Nicaragua se haya retirado de la OEA, “debe seguir cumpliendo con sus obligaciones internacionales”.
Costa Rica, como país sede de la Corte IDH, reiteró su respaldo al Tribunal y expresó su preocupación por el “desacato reiterado” de Nicaragua. Recordó que la Corte había declarado que las personas beneficiadas se encuentran en una situación de “desprotección absoluta”, una expresión que “no puede pasar desapercibida”.
Por su parte, la delegación estadounidense denunció que el régimen de Ortega no solo ha perseguido a la disidencia, sino que ha restringido incluso las procesiones religiosas durante la Semana Santa.
“Un año más, Ortega y Murillo y sus secuaces han evitado que se lleven a cabo estas procesiones, amenazando con cárcel o expulsión a quienes las realicen”, declaró la delegación. Además, instaron al régimen a “retornar a los nicaragüenses a su país, libres de cualquier miedo de represalias”.
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