El régimen de Daniel Ortega primero prohibió el uso de drones. Después ordenó control sobre las producciones audiovisuales y recientemente mandó a regular las actividades de recreación y espectáculos artísticos.
La última medida afecta a promotores independientes y artistas locales que no ven ninguna posibilidad de continuar su forma de ganarse la vida.
“El problema es que si uno no es un conocido simpatizante del gobierno, no hay permisos para montar ningún evento”, se queja un promotor que por obvias razones pidió el anonimato.
Un fotógrafo profesional que retrata paisajes lamenta que las autoridades limiten el uso de equipos para su trabajo que en otros países se venden hasta en tiendas de juguetes. “Consideran el dron como una amenaza, es pura paranoia”, agrega.
El 29 de septiembre del año 2014, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), emitió el acuerdo ministerial No. 41-2014 con una estricta prohibición, referente a la entrada de toda clase de partes, repuestos o cualquier otro artefacto que esté relacionado con la aviación ultraligeros y ligeros, aeronaves controladas con control remoto como los drones o similares a esto.
La medida fue anunciada sin importar si serían utilizados con el fin de aprendizajes o prácticas de vuelo y producción audiovisual.
“Este tipo de tecnología es clave para la toma de buenas imágenes, ya sean fotografías o videos. Tengo imágenes preciosas de la isla de Ometepe y de la Laguna de Apoyo, son buenas para el trabajo profesional como para el trabajo de aficionado. Hay quienes también lo utilizaban para las actividades agrícolas, pues te permitía como sobrevolar los plantíos”, explica para este reporte el rivense Junior Solís, de 44 años de edad.
Pese a la prohibición anticipada del régimen, el dron fue utilizado durante la crisis política del 2018. Del lado de los manifestantes, sirvió para lograr imágenes de la represión y tomas aéreas durante las multitudinarias marchas. Pero, el régimen también hizo uso del aparato para montar vigilancia “a objetivos” y personas que consideraron claves para sofocar la rebelión cívica.
Los drones o aviones no tripulados sirven para múltiples propósitos en estos tiempos modernos; desde su uso para acciones militares de fuerte impacto, producciones audiovisuales, tareas agrícolas e ingenieriles, hasta el entretenimiento.
“Soy amante de los drones. A mi hijo de 12 años le enseñé cómo usarlos, pero con las restricciones debemos de hacer las tomas con cuidado porque los decomisan. Hay de diferentes precios, el que es para niños puede costar entre 150 a 200 dólares, pero no logra buenas imágenes. Están otros que pueden costar hasta 500 y mil dólares. Esos son buenos”, señala el capitalino Manuel Jarquín.
Jarquín se dedica a la producción de fotos y videos para ocasiones familiares como bodas, bautizos, cumpleaños y lo que la gente decida celebrar. El productor dice que él cuenta con un dron para producción semiprofesional que toma muy buenas imágenes y que pagó 1,300 dólares.
“Un dron para producir películas o documentales anda por los 5 mil dólares, son aparatos caros, pero muy buenos”, explica.
El año pasado, la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), emitió un comunicado informando la restricción para el ingreso al país de cámaras fotográficas o de televisión digitales y videocámaras aunque ingresara con personas que visitan al país con fines turísticos.
“El régimen quiere evitar que periodistas extranjeros documenten la represión. Los viajeros deben contar con un aval de la Cinemateca Nacional para poder hacer fotografías y filmaciones. En Nicaragua, es un pecado grabar hasta con los celulares”, comenta un periodista local que ha tenido que dejar su oficio y dedicarse a la informalidad para sobrevivir él y su familia.
«Los únicos que están autorizados para grabar con cámaras de videos profesionales, hacer fotografías, utilizar drones y hacer entrevistas con libertad, son los mismos medios oficialistas”, subraya el periodista, mientras arregla unos estantes de un pequeño negocio que ha logrado levantar en su casa. “Cinco años estudiando con mucho sacrificio de mis padres para nada”, se lamenta porque no puede ejercer su profesión.
El régimen ordenó revivir el antiguo Ministerio del Interior, una entidad que en los años 80 se encargaba del control total del país. Operó con civiles y armados y fueron incontables los desmanes que hicieron en nombre de la supuesta seguridad nacional de aquel tiempo.
En la actualidad es la entidad encargada de autorizar, controlar y vigilar cualquier actividad, eventos, conciertos, o cualquier espectáculo artístico que se presente en Nicaragua.
El Acuerdo Ministerial 05-2024 fue publicado el 12 de marzo del corriente año y con el, se pretende crear el registro de productores, promotores, y organizadores de actividades de eventos públicos. Otra vez, Ortega argumenta que la regulación se debe a la seguridad nacional. Se busca “brindar la seguridad ciudadana, del Estado, y el orden interno en el territorio nacional”, señala la normativa.
“Es control total. Una vez adscritos al registro, los productores tenemos que informar al ministerio con 30 días de anticipación sobre el tipo de concierto o sobre cualquier otro tipo de evento artístico. Debemos especificar cuántas personas prevemos que asistirán, los equipos que utilizaremos y desde ahí te dicen, que no se permite grabar con drones, más otro sinnúmero de restricciones”, denunció un promotor de eventos.
El hombre de 47 años, dice que “pareciera una burocracia común”, pero esconde la intención del régimen de tener un mayor control en el país. “Si incumplimos con las normativas, hay multas y claro, peligro de ser acusado de algún delito político. Muchos hemos desistido y creo que hay que buscar otro tipo de negocios”, se queja el productor.
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