Redacción / IP Nicaragua
El Gobierno de Canadá impuso sanciones a la hija de la pareja presidencial, Camila Ortega. La medida además alcanzó a otros 14 altos funcionarios del gobierno nicaragüense incluidos altos jefes policiales, ministros, diputados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Canadá continuó demandando la «liberación inmediata de los candidatos políticos arrestados, encarcelados o detenidos arbitrariamente, así como la liberación de todos los presos políticos y el fin de la detención y el acoso de los medios de comunicación independientes y los actores de la sociedad civil».
En un comunicado dado a conocer este 14 de julio de 2021, Canadá reiteró que el Gobierno de Nicaragua debe «garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todo su pueblo», lo anterior en concordancia con el derecho internacional y la propia Constitución del país.
“Canadá apoya al pueblo de Nicaragua en su llamado a un futuro justo y pacífico basado en el respeto fundamental por los derechos humanos, la libertad de prensa y el derecho al voto en elecciones libres, justas y transparentes. Hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses para que liberen a los detenidos injustamente y respeten el estado de derecho y las obligaciones internacionales de derechos humanos», reiteró Marc Garneau, ministro de Relaciones Exteriores de Canadá.
La medida fue adoptada conforme el «Reglamento de Medidas Económicas Especiales» y como una respuesta a las violaciones de derechos humanos en curso en Nicaragua, detalló el gobierno canadiense. Estos 15 funcionarios ya han sido sancionados por Estados Unidos en diferentes fechas y a continuación te presentamos sus nombres.
El pasado 9 de junio, la hija de la pareja presidencial fue designada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y ahora nuevamente es objeto de sanciones por parte del Gobierno de Canadá. El mes pasado fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como Coordinadora de la Comisión de Economía Creativa. Sus hermanos Rafael, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, también figuran en listas de sancionados.
Es la Fiscal General de Nicaragua. De acuerdo con Estados Unidos, Guido forma parte de un grupo de fiscales que trabajaron en conjunto con la Policía Nacional para «fabricar casos contra presos políticos y sus familias”. A la fecha hay más de 130 personas presas políticas en el país, la mayoría acusadas por delitos comunes.
El pasado 4 de mayo fue reelecto en su cargo como magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), un Poder del Estado que sigue haciendo el juego político a Daniel Ortega para lograr su reelección como presidente. El CSE continúa cumpliendo con el calendario electoral para los comicios del 7 de noviembre de 2021, pese a que hay seis aspirantes presidenciales presos en el país.
Actual ministro de Hacienda y Crédito Público, pero sin ninguna función. El pasado 22 de mayo fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851 “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”. A él se le atribuye ser el actor principal que consegue apoyo financiero al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Es otro funcionario sancionado por Estados Unidos que actualmente preside el Banco Central de Nicaragua (BCN), pero debido a las sanciones impuestas anteriormente no tiene ninguna función dentro del máximo ente rector. De acuerdo con Estados Unidos es la principal figura que apoyó la reforma de la Ley para la Protección de las Personas Consumidores y Usuarias que obliga a las instituciones financieras del país a mantener activo los negocios con personas que anteriormente fueron designados.
Actualmente es magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos jueces en confabulación siguen dictando medidas cautelares contra opositores detenidos y dictando sentencias contra personas presas políticas. Aguilar confirma a los seguidores del partido de gobierno en puestos claves dentro del Poder Judicial.
La medida adoptada por el Gobierno de Canadá incluye a los diputados de la Asamblea Nacional Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto y Edwin Castro, quien actuó como miembro de la Comisión Especial de Asuntos Electorales encargada de realizar las consultas para las reformas a la Ley Electoral (Ley 331) que fue finalmente aprobada el pasado 4 de mayo de 2021.
A ambos funcionarios, el gobierno de Estados Unidos los acusa de apoya y colaborar con la aprobación de las polémicas leyes aprobadas a finales de 2020 como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, entre otras.
El Gobierno de Canadá, a su vez, sancionó a altos jefes de la Policía Nacional entre ellos el comisionado general Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la Policía en León; el comisionado general Ramón Antonio Avellán Medal, subdirector General vinculado a la «operación limpieza» llevada a cabo en 2018 para desmontar los tranques; el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) ; el comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) y el Comisionado General Juan Valle Valle, jefe de la Dirección de Brigada de Tránsito de Managua.
Además se incluyó a José Jorge Mojica Mejía considerado uno de los hombres de confianza de la familia presidencial y principal “testaferros» y al General de brigada del Ejército de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Balladares, , director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). Ambos también ya habían sido sancionados por Estados Unidos.
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