Redacción / IP Nicaragua
La población indígena y afrosdecendiente de la Costa Caribe de Nicaragua vive bajo tortura.
Masacres, persecución, invasiones, asesinatos de sus líderes y desplazamiento forzado son parte de las formas de violencia más graves que padecen y que amenazan con su supervivencia.
Estos crímenes impactan y generan graves secuelas psicológicas en las familias indígenas, concluyen expertos consultados por IP Nicaragua.
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Un informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos confirma que en 2020, se contabilizaron al menos 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría de ellos miembros del pueblo indígena Mayangna, y dos agresiones a dos niñas indígenas Mískitu menores de edad.
El Observatorio está conformado por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
Entre 2011 y 2020, Cejudhcan, reportó un total de de 49 indígenas Mískitu muertos, 49 lesionados, 46 secuestros y 4 desaparecidos.
Mientras que, en 2021, se reportaron 15 asesinatos, sin incluir a las víctimas que quedaron con lesiones y heridas permanentes por perdidas de miembros de sus cuerpos.
Las principales problemáticas
En los territorios indígenas nicaragüenses el problema más sentido es la invasión de colonos y el despojo de sus tierras, manifestó la activista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, Luisa Acosta.
Los colonos son personas externas que invaden los territorios indígenas.
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“Esta invasión de colonos y que en la actualidad han llegado a duplicar o triplicar la población indígena en sus propios territorios está enmarcada en una política de colonización interna del Estado de Nicaragua en los territorios indígenas de la Costa Caribe, también acompañada de una política extractivistas que promueve la deforestación y la implementación de la explotación minera”, explicó Acosta.
Además “la inmigración interna trae consigo el avance de la frontera agrícola, trae consigo la creación de la implementación de la ganadería extensiva”, mencionó Acosta.
“Y para que haya ganadería cortan los bosques de los pueblos indígenas sin su permiso y siembran pasto”, señaló la defensora de derechos humanos.
También refirió que “dentro de esta misma política se encuentra la implementación del monocultivo de la palma africana, todo esto sin permiso de los pueblos indígena en su tierras y territorios”.
Lo anterior ha generado que los “pueblos indígenas se vayan reduciendo y los recursos naturales de los cuales estos pueblos viven se vayan escaseando, creando inseguridad alimentaria en todos estos pueblos”.
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Igualmente, comentó que estos “grupo criminales” han entrado en competencia con los pueblos indígenas con las áreas mineras, donde los sacan de las mismas.
Violencia ha agudizado
Acosta manifestó que la violencia ha agudizado en los últimos siete años, así como la marginación, discriminación y persecución de sus líderes y defensores que ha desencadenado una violencia sin precedentes.
Además del desplazamiento forzado que expone a los comunitarios a la precariedad, diferentes formas de violencia y un estado de terror permanente.
“La violencia que desde septiembre de 2015 se ha agudizado, donde colonos con arma de guerra han creado bandas criminales y atacan de manera sistemática y reiterada”, mencionó Acosta.
La defensora de derechos humanos argumentó que estos “no son casos aislados”, por el contrario, son “situaciones sistemáticas y generalizadas en contra de los pueblos sobre todo en el área de Waspam y en la reserva de la biosfera de Bosawás”.
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Agregó que la reserva biológica Indio Maíz está siendo invadidas, sin embargo, “como la población indígena ahí es menor no se dan tantos choques como en la reserva Bosawás que tradicionalmente ha sido habitada por pueblos indígenas, miskitos y mayangnas”.
Crímenes en impunidad
A pesar de que los grupos de colonos armados han venido cometiendo estos crímenes contra los pueblos indígenas, atacándolos, invadiendo sus territorios y sacándolos de los mismos, esto ocurre en total impunidad, denunció Acosta.
“El Estado de Nicaragua no ha cumplido con su deber internacional de proteger a estos pueblos, lo cual, lo hace responsable por omisión por no proteger a estos pueblos de estas empresas y de estas personas, de estos grupos criminales que los atacan”, sostuvo la defensora de los derechos de los pueblos indígenas.
Acosta también precisó que el Estado de Nicaragua ha fallado en implementar las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2015 a 12 comunidades indígenas Mískitu y una Mayangna.
El Estado tampoco ha cumplido con su obligación de elaborar los mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos exigidos por la Corte IDH en 2017.
Secuelas psicológicas
Ante esta situación de gravedad, Acosta reiteró que “obviamente eso tiene gran impacto en las mujeres, los niños indígenas y también en los ancianos, que cuando hay ataques tienen que huir al bosque para esconderse de los ataques de los armados, de estos colonos, terceros no indígenas, que entran e invaden sus territorios”.
“Familias miskitus abandonando sus cultivos por la amenaza de colonos armados”, añadió.
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El psicólogo clínico Silvio Guadamuz Álvarez, director del Centro de Atención Psicosocial de referencia regional (CAPS-Bilwi) explicó que debido las invasiones y ataques de colonos, la población sufre el trastorno de estrés postraumático-TEPT, insomnio y ansiedad.
“Suelen aumentar por el desarraigo cultural y la dependencia institucional, afectaciones a nivel comportamental como la irritabilidad, hostilidad, conducta defensiva, labilidad emocional, auto agresividad, sin dejar a un lado la conducta psicótica por el desarraigo cultural que como institución estatal hemos atendido a varios pacientes el cual desorganiza y se altera psicológicamente (empieza a alucinar y escuchar voces)”, mencionó Guadamuz Álvarez.
Acosta insistió en que “la situación de los pueblos indígenas es apremiante porque estamos ante una situación que ha escalado a la criminalización de los defensores de los territorios indígenas”.
Recomendaciones para Nicaragua
En marzo de este 2022, la Organización Mundial de la Tortura (OMCT), presentó el informe mundial “¡… Pues es Tortura!”, elaborado junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y que expone abusos en Nicaragua, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y México, sobre la tortura contra los pueblo indígenas: una realidad invisibilidad.
A Nicaragua, la Organización Mundial de la Tortura recomendó poner fin de manera inmediata a todo tipo de ataques, actos de hostigamiento, amenazas e intimidación contra las personas y comunidades defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Miskitu de la Reserva de Biosfera Bosawás, mediante el desmantelamiento y el desarme de todos los grupos e individuos que actúan ilegalmente en el territorio, y la toma de medidas para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica.
Además, reitera la necesidad de un proceso de saneamiento de los territorios titulados “de acuerdo con lo establecido en la ley nicaragüense, como política pública para generar seguridad jurídica en los territorios de los pueblos indígenas, así como reforzar la institucionalidad en materia de prevención de conflictos”.
El informe también señaló el largo historial de abuso y discriminación contra las poblaciones indígenas, profundizados con el desmantelamiento de la institucionalidad democrática tras la llegada al poder en 2007 de Daniel Ortega, y en ejercidos por el propio Ejército de Nicaragua.
