El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre el “grave deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua desde las protestas sociales de 2018, durante una sesión realizada este miércoles 18 de octubre en Ginebra, Suiza, y a la que el gobierno de Daniel Ortega no envió representación, según denunciaron representantes de la sociedad civil.
La reunión se convocó para revisar el IV informe periódico sobre Nicaragua y su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En la reunión se discutieron 29 temas como la situación de los opositores presos, restricciones a la libertad de movilización, censura de prensa, irregularidades en las elecciones y falta de independencia judicial.
«Resulta claro que, a la luz de la información recibida, la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando de manera muy grave», dijo la presidenta del comité, Photini Pazartzis, al clausurar la cita.
Asimismo lamentó que el Estado de Nicaragua «haya optado por no entablar un diálogo constructivo» con los miembros de esa instancia de la ONU.
La presidenta agregó que debido a la ausencia de un representante del Estado nicaragüense, la sesión prevista para el jueves fue suspendida, aunque el gobierno de Managua tiene 48 horas para enviar sus opiniones sobre los temas expuestos.
«Una vez más el Estado de Nicaragua falla en sus obligaciones internacionales, no compareció hoy ante el Comité de Derechos Humanos, no respondió a la lista de cuestiones que realizó el Grupo de Expertos partes de este Comité, y por lo tanto no ha cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», señaló Wendy Flores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Las organizaciones de la sociedad civil nicaraguense precisaron que presentarán 10 informes «por violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Por otra parte, el relator del Comité, Carlos Gómez, de origen español, se refirió al “maltrato” de los presos políticos, que se calculan en más de 200, según cifras de organizaciones de la sociedad civil.
“(Ellos) han sido sentenciados en juicios a puertas cerradas, algunos en los mismos centros de detención y sin permitir entrevistas previas con sus abogados”, dijo Gómez.
Por su parte, la egipcia Wafaa Ashraf Bassim, también miembro del Comité, agregó que le “preocupa” la situación en las cárceles de Nicaragua y que el gobierno “no ha respondido a preguntas sobre las condiciones de detención”, como hacinamiento, deficiente saneamiento y alimentación, y falta de acceso a la atención médica.
Bassim expresó particularmente alarma por la muerte, en febrero, del líder opositor opositor preso Hugo Torres, quien fue transferido a un hospital “de forma tardía” desde la cárcel policial de El Chipote, así como por las restricciones de las visitas familiares a los detenidos y por el “excesivo” tiempo de prisión preventiva (90 días) antes del inicio de los juicios a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.
El portugués José Santos Pais añadió que en 2021 fueron condenados 11 mujeres y 39 hombres “por querer participar en política, entre ellos siete aspirantes a la presidencia” en las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega se reeligió por tercera vez para un cuarto mandato consecutivo.
Sobre el tema de la libertad de expresión, Gómez, indicó que entre 120 y 150 periodistas nicaragüenses han sido forzados al exilio y que el gobierno confiscó tres medios de comunicación desde 2018. Sólo en el presente año ha clausurado 23 estaciones de radio y televisión, añadió.
Uno de los medios confiscados es el Diario LA PRENSA, cuyo gerente Hugo Hollman fue sentenciado a nueve años de prisión.
Otros seis periodistas han sido condenados hasta con 13 años de cárcel, entre ellos Miguel Mora, dueño del también confiscado canal 100% Noticias, quien había estado preso en 2018-2019 por primera vez junto a su jefa de prensa Lucía Pineda, agregó.
Olga Valle, directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, instó al gobierno al «cese inmediato de la represión, la libertad plena de las personas presas políticas, el nombramiento de nuevas autoridades electorales y la devolución de la personería jurídica de los partidos cancelados arbitrariamente».
Por su parte el gobierno nicaragüense no informó sobre los motivos de su ausencia.
Nicaragua está sumida en una crisis que se inició con las protestas de abril de 2018, las que fueron reprimidas por policías y civiles armados que dejaron un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y al menos 100.000 exiliados, según organismos internacionales.
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