Redacción / IP Nicaragua
El Estado de Nicaragua no ha dado ningún paso para cumplir la resolución 46/2 emitida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2021 para abordar la crisis de derechos en el país, lo que se traduce en una «inacción deliberada», según organizaciones civiles.
Las organizaciones que conforman el Colectivo 46/2, una coalición de 21 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, instan a que se tomen medidas más estrictas sobre el
Estado nicaragüense en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos.
«Las autoridades no sólo han suprimido las libertades fundamentales y desmantelado el Estado
de Derecho. También han seguido desmantelando los derechos socioeconómicos, intensificando el riesgo de personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres», dijo Claudia Paz y Paz, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
El Colectivo 46/2 fue creado para monitorear la implementación por parte del gobierno nicaragüense de las 14 recomendaciones dirigidas en la resolución 46/2.
Paz y Paz recordó que en Nicaragua las autoridades siguen provocando «desplazamientos masivos y alentando más violencia y la discriminación contra los pueblos indígenas y afrodescendientes».
Las organizaciones civiles sugieren a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos revisar la resolución 46/2 en marzo próximo.
El Colectivo 46/2 demanda a la ONU la creación de un mecanismo internacional que investigue las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018.
El mecanismo debe identificar a los autores y preservar las pruebas, todo ello con una perspectiva de género e interseccional, señalaron en un comunicado.
«El continuo desprecio del Estado por el diálogo con la ONU se ha evidenciado en la negativa
a responder las preguntas de un comité de expertos sobre derechos socioeconómicos e ignorando las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a lo largo de los últimos tres años», dijo Mariel Merayo, Coordinadora para Latinoamérica del Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Center).
Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más indicó que en los últimos años no hay ninguna intención por parte del régimen de Daniel Ortega para superar la crisis sociopolítica en el país centroamericano.
«Ortega ha dejado claro que no tiene intención de revertir el rumbo. Sin embargo, los autores
de graves violaciones de derechos humanos no pueden esconderse para siempre: la ONU debe sembrar las semillas para la futura rendición de cuentas», dijo Arce.
La crisis desde abril de 2018 ha dejado 355 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y más de 110 mil exiliados.
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