Foto CPDH.
Después de cinco años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa demandando » poner fin a la persecución de las personas opositoras políticas» en Nicaragua.
El organismo de derechos humanos demandó liberación de todas las personas detenidas de manera arbitraria, al mismo tiempo que documenta las acciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Estos son cinco hechos que a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) documentó a partir de las últimas acciones represivas contra ciudadanos nicaragüenses y la misma Iglesia católica.
El 9 de junio, la CIDH recibió información sobre el «decomiso de todos los bienes inmuebles, acciones y sociedad mercantiles» a 222 expresos políticos de Nicaragua, desterrados a Estados Unidos.
La Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó a la Procuraduría General de la República expropiar a los excarcelados.
«Dichas sanciones afectan los bienes en mancomunidad, derechos de terceras personas y, además, dejan en situación de mayor vulnerabilidad a estas personas, así como a sus familiares que permanecen en el país», señaló la CIDH.
La confiscación de los bienes y el patrimonio constituye una «sanción penal arbitraria y desproporcionada». Insisten que resulta contraria el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El Meseni también recibió información de personas a las que le fue prohibido regresar a Nicaragua.
Hay nicaragüenses que se enfrentan a una «situación de desplazamiento forzado, obligadas a buscar regularizar su situación migratoria o acceder a mecanismos de protección internacional en otros países».
Las acciones del régimen derivan también en la «separación forzada de múltiples familias nicaragüenses», detallan.
«Señalaron al Meseni encontrarse bajo una «apatridia de facto» debido a la imposibilidad de renovar los pasaportes vencidos o acceder a otros documentos de identidad por encontrarse fuera del país y por la negativa del Estado de expedir esta documentación», argumentan.
Desde hace varios meses ocurre el «retiro y retención arbitraria de pasaportes o la negativa de expedición como mecanismo para impedir la salida de personas al exterior».
Por otra parte, preocupa a la CIDH que entre los meses de abril y mayo, más de 140 personas fueron detenidas en las celebraciones de Semana Santa, en la conmemoración del aniversario de las protestas de 2018, así como en operativos policiales ocurridos de forma simultánea en diferentes departamentos.
Personas defensoras, periodistas e integrantes de la Iglesia católica fueron detenidos.
«Dichas detenciones masivas se caracterizaron por el uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos violentos», señaló el organismo.
Decenas de personas se les acusó en el juzgado y se les realizó «audiencias secretas, procesos expeditos, sin el cumplimiento de las garantías judiciales».
En otros casos, las autoridades habrían impuesto discrecionalmente la medida cautelar de «casa por cárcel» y órdenes de presentación diaria en estaciones policiales, lo que las mantendría en una situación de zozobra, asedio y persecución permanente.
«A la fecha, prevalecería un contexto generalizado de falta de información oficial sobre el paradero de las personas detenidas y su situación jurídica, lo que dificultaría el trabajo de la sociedad civil para documentar nuevos casos de personas presas políticas», añade el comunicado.
En el contexto de represión, en mayo, la Corte Suprema de Justicia ordenó la inhabilitación vitalicia de 26 abogadas y abogados.
Según la CIDH, el régimen «buscaría perpetrar un ambiente de miedo y autocensura en contra de quienes ejercen la defensa de personas opositoras políticas o siguen trabajando en Nicaragua».
Al mismo tiempo, las comunidades indígenas en la Costa Caribe también informaron sobre el «agravamiento de la represión por detenciones arbitrarias, asedio policial, hostigamiento y la persistencia de agresiones, amenazas y secuestros por parte de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades estatales».
Ante esa situación en la Costa Caribe, la CIDH pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales en el Asunto «Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua».
La acción es para incluir los pobladores de las comunidades indígenas Musawas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As, de la Región de la Costa Caribe Norte en Nicaragua.
El organismo también documentó la continua «represión contra los sectores críticos de la iglesia católica nicaragüense».
La Policía Nacional ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de diferentes diócesis con motivo de investigaciones relacionadas con «actos de Traición a la Patria».
En mayo, los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Divina Providencia de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, y Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de de Estelí habrían sido detenidos.
El obispo Rolando Álvarez Lagos sigue privado de la libertad, pese a que es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH.
Monseñor Álvarez permanece incomunicado desde el 25 de marzo de 2023, sin derecho a recibir visitas y en una celda de castigo en el Sistema Penitenciario Nacional.
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