Jorge, un joven de 22 años que así prefiere identificarse para evitar represalias, es estudiante del último año de la carrera de ingeniería. El pasado 7 de marzo, como muchos otros estudiantes, recibió la mala noticia sobre el cierre de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), su centro de estudios.
«La noticia me tomó por sorpresa cuando estaba trabajando (…) He dedicado mucho trabajo y esfuerzo para mis estudios universitarios, porque me toca viajar cada sábado hasta León (desde Managua) para asistir a clases y en la semana yo trabajo», relató Jorge a IP Nicaragua.
Según el acuerdo del Ministerio de Gobernación (Migob) publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, la universidad incumplió con las leyes que las regulan.
La resolución señala que la universidad no reportó sus estados financieros y sus juntas directivas, y no presentó aclaraciones sobre el patrimonio, activos fijos, ingresos, egresos, ejecución de fondos, entre otras cosas.
Posterior al cierre y por recomendación de su madre, el joven originario de Managua inscribió el semestre de este año lectivo para lograr terminar su carrera. Sin embargo, asegura que la situación del país es inestable y no descarta emigrar.
«Mi mamá me pidió que trate de terminar la carrera y que no me meta en nada de política en la universidad, sin hacer comentarios sobre la situación del país (…) Ella y yo estamos valorando la posibilidad de que yo me vaya del país, porque sentimos que no hay oportunidades para los jóvenes», confió Jorge.
El Migob canceló este miércoles la personería jurídica de la Universidad Rubén Darío (URD), ubicada en Diriamba, Carazo, por petición del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
Según el acuerdo ministerial 55-2023, firmado por María Amelia Coronel Kinloch, titular del Migob, la Universidad Rubén Darío “no reportó sus estados financieros conforme período fiscal (2019 a 2022) , con desglose detallados de ingresos y egresos, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos de la Universidad”.
El acuerdo además señala que la Junta Directiva de la universidad está vencida desde abril de 2022.
Con el cierre de esta casa de estudios, el régimen acumula 22 universidades cerradas entre diciembre de 2021 y marzo de 2023.
Esa lista la integran la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP) que fueron canceladas el pasado 23 de febrero.
Antes, el 3 de febrero, siete universidades nacionales y extranjeras, entre estas: la Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Wake Forest University y la Corporación Universidad de Mobile, también fueron canceladas.
Las de origen costarricense ilegalizadas son la Asociación Universidad Thomas More (UTM) y la Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (Ucem). La de origen panameño es la Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado.
También han sido canceladas el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y Universidad Paulo Freire (UPF).
La Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (Fumlac).
La Asamblea Nacional, órgano que se encargaba de quitar las personerías, justifica este acto alegando que las universidades «han incumplido con la entrega de los informes financiaros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro», o porque su «Junta Directiva se encuentra acéfala».
Desde el 2018 hasta este miércoles 29 de marzo de 2023, han sido canceladas 3,363 organizaciones y universidades por parte del Ministerio de Gobernación (Migob), según un recuento del investigador y ambientalista, Amaru Ruíz, quien reporta las cancelaciones que son notificadas y publicadas en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua.
Entre las cancelaciones hay universidades, organizaciones no gubernamentales (ONG), nacionales e internacionales, instituciones religiosas católicas y evangélicas y medios de comunicación.
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