La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que al menos 450 personas identificadas como opositoras políticas han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense desde 2023, incluyendo un reciente grupo de 135 expresos políticos.
El 5 de septiembre de 2024, un total 135 personas presas políticas fueron liberadas de su detención arbitraria y trasladadas a Guatemala.
La CIDH reconoció los esfuerzos de Estados Unidos y Guatemala para recibir a estas personas y proporcionar asistencia médica y humanitaria.
No obstante, rechazó la cancelación de la nacionalidad nicaragüense de los 135 expresos políticos y la confiscación de sus bienes.
«El 10 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ordenó la cancelación de la nacionalidad nicaragüense de estas personas, así como la confiscación de sus bienes», denunció la CIDH.
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El organismo de derechos humanos agregó que «esta medida constituye una de las formas más severas de la represión empleadas ahora por el régimen» en Nicaragua.
«Acarrea profundas consecuencias para estas personas y sus familias, dejándolas en una situación de extrema vulnerabilidad», menciona en una nota de prensa divulgada este 13 de septiembre.
Desde 2023, por lo menos 450 personas identificadas como opositoras políticas han sido privadas arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense.
Países rechazan medida contra expresos políticos
Por otro lado, en una postura conjunta, los Gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador, quienes conforman la Alianza para el Desarrollo en Democracia, compartieron un comunicado un comunicado en contra de la decisión del régimen nicaragüense contra los expresos políticos.
Estos tres países «deploran la decisión arbitraria e ilegal del régimen nicaragüense, de despojar de la nacionalidad y de sus derechos ciudadanos, incluyendo la confiscación de sus bienes, a 135 presos políticos que salieron del país el pasado 5 de septiembre y se encuentran en Guatemala».
Los tres países hicieron énfasis en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece que toda persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie debe ser privado arbitrariamente de esta.
