El obispo de Matagalpa, en Nicaragua, monseñor Rolando Álvarez, goza de medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La organización de derechos humanos considera que el religioso se encuentra en una «situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos» en Nicaragua.
Desde febrero pasado, Álvarez se encuentra privado de libertad en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro conocido como «La Modelo».
Se constató que el obispo está » incomunicado» y no se cuenta con información oficial sobre su situación, atención médica y medicamentos requeridos y condiciones de detención actuales, pese a padecer una serie de afectaciones de salud.
«El Estado no proporcionó información que permita determinar que los factores de riesgo identificados se hayan mitigado debidamente», cuestionó la CIDH.
El obispo fue condenado por el régimen de Daniel Ortega a una pena de 26 años y cuatro meses por los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas, obstrucción de las funciones, agravada desobediencia y desacato a la autoridad.
CIDH pide adoptar medidas a favor de monseñor Rolando Álvarez
Debido a la «situación de riesgo» y que está «incomunicado» la CIDH exhortó al Estado de Nicaragua adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del obispo.
No obstante, según la CIDH, se deben adoptar las «medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales».
Solicitan que se «garantice acceso a atención médica adecuada y especializada» a monseñor Álvarez.
Desde su detención, el 25 de marzo de 2023 se llevó a cabo una visita entre el preso político y sus familiares.
«El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables», puntualizó la CIDH.
