La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitió una resolución en la que exige al Estado de Nicaragua adoptar medidas urgentes para proteger la vida, integridad personal, salud y libertad de seis presos políticos.
Los jueces de la Corte-IDH ordenaron al régimen de Daniel Ortega adoptar acciones inmediatas para garantizar la seguridad de los detenidos, así como informar de manera «inequívoca el paradero y condiciones de detención
de las personas» presas políticas.
La resolución del 5 de marzo de 2025 también establece que el Estado debe permitir el acceso de los abogados a los expedientes judiciales y al sistema de información en línea de los casos.
Estos son los seis presos políticos beneficiados con las medidas de la Corte-IDH:
Está privado de la libertad desde el 14 de julio de 2024 “sin orden judicial y sin indicarse los motivos”. Gonzáles Valdivia tiene 65 años y es “un mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, catedrático universitario, consultor
de empresas en la ciudad de Estelí”, quien habría sido crítico del régimen.
El régimen ordenó su captura el 14 de septiembre de 2024, después de haber denunciado públicamente invasiones a territorios indígenas. Fagot Muller, tiene 71 años y es un indígena Miskitu, quien “padecería de diabetes
y necesitaría de acompañamiento médico regular y dosis diaria de insulina”.
Es una de las siete mujeres presas políticas desde el 25 de junio de 2024 cuando habría sido interceptada junto a su esposo por miembros de la Dirección de Auxilio Judicial, que no exhibieron ninguna orden de captura. Asimismo, su negocio habría sido allanado por agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. La propuesta beneficiaria es emprendedora y habría participado en las protestas de abril de 2018.
El 10 de agosto de 2024, cuando fue detenida por agentes estatales, estos no le indicaron los motivos de su captura. Su único delito fue trabajar para el programa de Apoyo Financiero Urbano y Rural (PROAFUR) de la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa, organización dirigida por la diócesis de Matagalpa que dirigía Monseñor Rolando Álvarez, excarcelado político y desterrado.
También detenida desde el el 10 de agosto de 2024 cuando fue detenida por agentes policiales, quienes habrían allanado su vivienda sin presentar orden judicial. Se trata de una abogada que laboró en el Poder Judicial en Matagalpa hasta 2018, además habría sido asesora de derecho canónico en la Diócesis de Matagalpa. Después de su detención fue trasladada con rumbo desconocido y sin informarse los motivos de la detención.
El l23 de abril de 2024, fue “arrestado de manera violenta y sin orden judicial en su vivienda por agentes uniformados y de civil”. Tiene 63 años y es exmilitar del Ejército de Nicaragua. En 2011, “habría sido detenido sin orden judicial y sometido a torturas psicológicas” que le habría ocasionado “un trastorno mental».
La Corte-IDH dispuso que Nicaragua proceda con la liberación inmediata de los seis detenidos y, mientras se realizan los trámites administrativos necesarios, facilite el contacto con sus familiares y abogados, además de garantizar acceso a servicios de salud física y mental, medicamentos y alimentación adecuada. La resolución aclara que esta disposición no puede ser utilizada para retrasar la liberación de los beneficiarios.
Otra de las medidas urgentes dictadas por la Corte es que el Estado se abstenga de ejercer represalias contra los familiares y representantes de los detenidos debido a la información proporcionada al tribunal internacional. Finalmente, el régimen de Nicaragua deberá presentar un informe a más tardar el 19 de marzo de 2025 sobre el cumplimiento de estas medidas.
Esta resolución se suma a una serie de llamados de organismos internacionales que han denunciado el uso sistemático de la represión y el encarcelamiento arbitrario por parte del régimen orteguista en Nicaragua.
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