A siete años del inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la «continua represión estatal» y advirtió sobre la consolidación de un «régimen autoritario» en el país.
En un comunicado, la CIDH expresó su solidaridad con las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de abril de 2018, fecha que marcó el inicio de protestas masivas que fueron duramente reprimidas por el régimen de Daniel Ortega y dejaron al menos 355 personas asesinadas y más de dos mil heridos.
El organismo interamericano calificó la situación actual como «una de las más críticas de la región», señalando que continúa deteriorándose.
Según informó la CIDH, su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) sigue documentando graves violaciones como las siguientes:
El organismo manifestó especial preocupación por las recientes reformas constitucionales publicadas en febrero, que centralizan el control absoluto del poder político en la figura de la copresidencia, consolidando «bajo una apariencia de legalidad el desmantelamiento de la institucionalidad democrática».
Actualmente más de 42 personas se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, formando parte de más de 2000 detenciones arbitrarias documentadas desde 2018. Además, 5.441 organizaciones de la sociedad civil han sido canceladas arbitrariamente, con confiscación y apropiación ilegítima de bienes en numerosos casos.
La CIDH denunció también la persecución contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes religiosos, así como el bloqueo de sitios web de medios independientes como Confidencial, La Prensa y 100% Noticias. Al menos 46 religiosos han sido detenidos, excarcelados y posteriormente expulsados del país desde 2023.
El organismo alertó sobre la situación de pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, donde la invasión de colonos armados ha provocado desplazamientos forzados bajo la «tolerancia estatal».
La Comisión informó que más de 450 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y que, desde enero de 2024, se han documentado al menos 290 casos de nacionales a quienes se les ha negado la entrada al país. Más de 400.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua para proteger su vida.
La CIDH hizo un llamado a la comunidad internacional a «redoblar los esfuerzos para exigir el fin de la represión» y a adoptar medidas concretas para el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, reafirmando que continuará monitoreando la situación a través del MESENI.
«Urge al Estado de Nicaragua —subrayó la CIDH— a cesar de inmediato las violaciones a los derechos humanos, restablecer el Estado de derecho y a liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos».
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