En varias ocasiones la UCA se mantuvo rodeada de policías. Foto referencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), condenó «las interferencias arbitrarias a la libertad académica y la profundización del cierre de espacios cívicos en Nicaragua».
A través de se Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) condenó la cancelación de la personería jurídica y la confiscación arbitraria de las instalaciones de la UCA.
El organismo de derechos humanos alerta a la comunidad internacional que el cierre o cancelación de universidades u otros espacios en los que se desarrolla la actividad académica en el país centroamericano es una «forma de represalia por disentir de la visión ideológica del gobierno».
Señalan que «constituye otro patrón más del cierre de los espacios cívicos en Nicaragua, que además de afectar el derecho a la libertad de asociación, restringe los derechos a la educación, la libertad académica, la libertad de expresión, el pluralismo de ideas, el desarrollo humano y de la sociedad civil en detrimento de las democracias».
El 19 de agosto, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) recibió información sobre el desalojo de seis integrantes de la Compañía de Jesús y la confiscación arbitraria de la residencia Villa del Carmen, comunidad donde vivían los jesuitas trabajadores en la UCA.
El Estado aprobó la creación de la Universidad Nacional «Casimiro Sotelo Montenegro» y ordenó la entrega de toda la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio y de las bases de datos de matrícula al Consejo Nacional de Universidades (CNU), entidad que funciona de conformidad con los intereses del partido oficial y del Ejecutivo.
El organismo señala que el cierre de la universidad jesuita, además de afectar a por lo menos 5 mil estudiantes, tiene un grave impacto para la sociedad nicaragüense en su conjunto.
«En los últimos años, la comunidad jesuita de la UCA ha sido víctima de asedio, acoso y hostigamiento como represalia por su apoyo y defensa de los derechos de las y los estudiantes que participaron en las movilizaciones sociales de 2018», indican.
Recordaron que en 2022, la UCA denunció mecanismos de presión e injerencia como la no extensión de certificaciones necesarias para su funcionamiento y su exclusión del CNU con la finalidad de debilitar su presupuesto.
«Estos hechos se enmarcan en un contexto de graves restricciones a la libertad religiosa y persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua», sostienen.
Desde el 2020 otras 25 universidades fueron cerradas mediante la cancelación de su personería jurídica, lo que ha afectado a más de 37 mil estudiantes, señala el organismo de derechos humanos.
«A ello se suman denuncias recibidas sobre el adoctrinamiento y la intensificación del proselitismo político al interior de los espacios académicos para imponer el sandinismo como corriente única de pensamiento y de posición política; el control de las organizaciones estudiantiles por parte de partidarios del Frente Sandinista; así como la criminalización de estudiantes», denuncian.
Agrega que las restricciones a la «libertad académica no deben perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia».
A la vez denunciaron que en este marco, el 19 de agosto, se recibió información sobre las detenciones de las dirigentes estudiantiles Adela Espinoza y Gabriela Morales por parte de la Policía Nacional.
En este contexto también fueron detenidas por la Policía Joseling Mayela Campos Silva y Josseth Miranda con lo que aumentan a cuatro los universitarios arrestados en Nicaragua tras el cierre forzoso de la UCA, según denunciaron este martes activistas y movimientos sociales.
Por último, la CIDH instó al Estado de Nicaragua a poner fin a cualquier interferencia arbitraria a la libertad académica y dejar sin efectos la cancelación de la personería jurídica de universidades y centros académicos.
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