El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ilegalizaron 3,390 Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONG), nacionales y extranjeras entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023 lo que evidencia el cierre del espacio cívico en Nicaragua, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las organizaciones dedicaban su trabajo a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país centroamericano.
La CIDH, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del que Nicaragua dejará de ser miembro el próximo 19 de noviembre, presentó este jueves el informe: «Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua».
El informe advierte que la crisis de derechos humanos en Nicaragua «continúa profundizándose» y que existen condiciones para que la «sociedad civil participe de la vida social y política de manera libre y segura».
De acuerdo con la base de datos elaborada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) el régimen canceló la personería jurídica de 3,390 organizaciones de un total de 7.227 registradas legalmente en el país en 2018.
La CIDH advierte que 48 organizaciones fueron cerradas bajo la figura de disolución voluntaria.
«La cancelación de la personería jurídica de miles de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense representa el patrón más ejemplificativo y drástico de los ataques al pluralismo, así como de la intencionalidad del Estado de cerrar completamente el espacio
cívico y democrático en Nicaragua2, señala el organismo en su informe.
Según la CIDH esta medida afectó a las principales entidades en el país, nacionales y extranjeras, dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua, el fomento de la democracia; el desarrollo; labores humanitarias; cooperación internacional; la protección de grupos en situación de discriminación y exclusión histórica; la protección del medio ambiente, así como asociaciones estudiantiles, artísticas, servicios culturales; asociaciones de médicos, organizaciones y fundaciones de índole religiosa.
El 32% de esas organizaciones estaban vinculados a temas de desarrollo; 16% cumplían con fines gremiales; 11% eran organizaciones de naturaleza religiosa; y el 10% se dedicaba a la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellas, derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y de pueblos indígenas.
«El cierre masivo de organizaciones tendría graves impactos para las personas y grupos en situación histórica de discriminación que se beneficiaba directamente de la ejecución e implementación de programas y proyectos sociales, humanitarios y de la cooperación internacional para el desarrollo. Entre ellos: mujeres, niñas, niños y adolescentes, y comunidades indígenas o afrodescendientes».
La CIDH afirma que en Nicaragua, el espacio cívico se encuentra cerrado. No existen condiciones para que la sociedad civil participe de la vida social y política libremente y prevalece una política de represión y persecución sistemática en contra de cualquier persona considerada opositora al Gobierno mediante la imposición de un estado policial.
Recuerdan que desde septiembre de 2018, las manifestaciones y protestas sociales de sectores considerados opositores al Gobierno fueron prohibidas por la Policía Nacional mediante comunicaciones públicas y de facto.
De esta forma se inició el despliegue policial para la cooptación de los espacios públicos utilizados para la realización de manifestaciones, que incluye el asedio policial a la población.
Esta estrategia se extendió para criminalizar y censurar otras expresiones de disenso y protesta, tanto en el espacio físico como digital, por ejemplo, publicaciones en redes sociales y ondear la bandera nicaragüense.
Luego, de las restricciones de las manifestaciones opositoras, el régimen implementó las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad por motivos políticos.
Lo anterior con el fin de reprimir cualquier postura de oposición al régimen, así como la manipulación del derecho penal para criminalizar a las voces críticas, como una de las principales estrategias empleadas desde el inicio de la crisis de abril de 2018 para debilitar el espacio cívico.
Asimismo, señalan que la falta de independencia del sistema de administración de justicia ha facilitado el empleo y manipulación del derecho penal para criminalizar y judicializar a las voces críticas u opositoras al gobierno.
Inclusive con fines electorales, lo que ha derivado en cientos de procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados, así como graves afectaciones a las garantías judiciales de las personas detenidas.
De acuerdo con los registros de la CIDH, más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente en Nicaragua desde el 18 de abril
de 2018.
Al respecto, la Corte Interamericana reconoce que la privación de libertad de las personas opositoras en Nicaragua conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos.
Además, advirtió que “la persistencia de esta situación continúa erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de derecho”.
Para la elaboración de este informe, la CIDH construyó una base de datos que individualiza a cada una de las organizaciones de la sociedad civil afectadas por la cancelación de su personería jurídica.
Para ello, la CIDH analizó la totalidad de los decretos emitidos por la Asamblea Nacional, así como los Acuerdos Ministeriales publicados en La Gaceta-Diario Oficial relativos a las cancelaciones ordenadas por el Ministerio de Gobernación.
En total, la CIDH examinó más de 70 decretos y otras decisiones emitidas hasta el 31 de agosto de 2023.
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